Zoraya Urbina
Redacción de Co Latino

En total desacuerdo se mostraron los afectados por la contaminación con plomo en el Cantón Sitio del Niño en Lourdes, Colón, ante la inminente liberación de los ex empleados de Baterías de El Salvador, que han sido implicados en el caso y que hasta este día guardan prisión en el penal La Esperanza, conocido como “Mariona”.

La resolución fue emitida por la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla el viernes recién pasado. En esta, se deja en libertad a los ingenieros José Edgardo Brito, Hugo Reynaldo Trujillo y Arturo Marenco Carballo.

El presidente del Comité Ambiental de Sitio del Niño, Mauricio Cruz, se mostró inconforme con esta decisión y expresó que en el caso de ocurrir una evasión a la justicia, acudirán a las instancias jurídicas necesarias y denunciarán a los magistrados en la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

En este sentido, Alejandro Díaz, de Tutela Legal del Arzobispado, dijo no sentirse sorprendido con esta decisión y agregó que recaerá sobre los magistrados la responsabilidad en el caso de que los imputados escapen de la justicia.

Los miembros del Comité Ambiental de Sitio del Niño junto a Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), Centros Escolares de la zona e Iglesias pidieron por medio de un escrito a la Cámara de Santa Tecla que respetara la decisión del Juez de San Juan Opico, pues según este escrito, esta estaba basada en criterios como: la cercanía de la Vista Pública; la gravedad de la pena, la alarma social; el gran número de víctimas y la abrumadora prueba científica existente dentro del proceso.

Los magistrados de la Cámara estipulan en su resolución que a los imputados se les impone la medida provisional previamente decretada de presentarse al Tribunal de Sentencia, cuando les sea requerido, con la prohibición de salir del país.

Familiares de procesados exponen su posición
Por otro lado, familiares y amigos de José Brito expresaron que este y los otros dos ingenieros detenidos eran sólo empleados que cumplían órdenes. Manifestaron que los ingenieros no ocupaban puestos directivos y no tenían acciones en Baterías de El Salvador.

“Mi hermano se presentaba puntualmente a firmar, él y los otros dos ingenieros cumplieron cada una de las resoluciones que dictó la ley”, externó Joyce Brito. Además, agregó que José Brito comenzó a laborar en la empresa en el año 2005, tiempo en el que ya había comenzado el proceso contra la institución.

Aldo Aquino, defensor de Brito, explicó que la medida decretada por el juez era excesiva, considerando que los implicados habían respetado las medidas dictadas en su contra.

En este sentido, Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (IDHUCA), citó en un periódico digital que “la persona jurídica privada en el presente caso es la Sociedad Baterías de El Salvador, S.A. de C.V.” y agregó que mientras los ingenieros están “disfrutando” en Mariona, los directivos de la empresa: Ronald Antonio Lacayo, Sandra Cecilia Lacayo y José Ofilio Guardián “sufren” en Miami.

Francisco Castellanos, amigo de Brito, dijo que lo que más preocupaba era que a cualquiera puede pasarle que vaya a la cárcel por las malas decisiones que puedan tomar los directivos o los dueños de la empresa en que labora, tal y como ha ocurrido en este caso. Agregó que se solidarizan con los afectados por la contaminación, pero que los detenidos no tuvieron poder de decisión en la institución y no tienen la capacidad económica para responder por los delitos imputados.