Jaime Martínez Ventura*

En los últimos veinte años El Salvador se ha situado como uno de los más violentos del planeta con tasas que superan los 60 homicidios por cada 100,000 habitantes y otros índices igualmente preocupantes en todo tipo de delitos, desde la delincuencia común y cotidiana, pasando por fenómenos violentos ligados a la criminalidad como las maras, hasta expresiones de crimen organizado como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de dinero, la evasión de impuestos, la corrupción pública generalizada y otras formas de delincuencia no convencional.

Esa situación de criminalidad generalizada que afecta con mayor vehemencia a los sectores socialmente más vulnerables, se debe a las políticas equivocadas que en materia de seguridad y justicia se han impuesto en el país.

Basado en varios estudios e informes propios, en los que tuve alguna participación u otros realizado por otras personas, sobre el desarrollo de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, puedo afirmar que las políticas de seguridad pública en los últimos veinte años han tenido las características siguientes:

1) Carentes de visión de Estado: han sido impuestas desde la visión exclusiva del partido gobernante y de algunos sectores que le son afines. No han sido políticas públicas o programas de Estado, sino políticas de partido que respondieron a sus intereses pero no a los de la nación.  

2) Falta de participación ciudadana: al imponerse la visión del ex partido gobernante, se excluyó la participación que es un elemento esencial, sine que non,  de una verdadera  política pública. Algunos sectores de la sociedad fueron consultados ocasionalmente, como lo fue durante el inicio del gobierno del Presidente Saca o el episodio de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, pero las recomendaciones y propuestas fundamentales fueron excluidas de las políticas principales.

3) Espontáneas e intuitivas: planeación pobre y carente visión de mediano y largo plazo; desarrollaron planes, acciones u operativos policiales que buscaban resultados inmediatos o efectistas como las redadas policiales. Carecían de sustentación científica y se basaban principalmente en intuiciones, no por falta de información técnica ya que abundan los estudios, diagnósticos propuestas de diversos  sectores, si no por falta de voluntad política de aplicarlos;

4) Exhibicionistas y excesivas: los planes y operativos policiales fueron diseñados pensando principalmente en causar un impacto a través de los medios de comunicación social y por lo tanto se privilegió el despliegue exhibicionista y el uso de la fuerza ante las cámaras de televisión y otros medios audiovisuales, por sobre el uso de la inteligencia y la información policial que permite dar golpes selectivos, discretos pero más efectivos a mediano y a largo plazo.

5) Reactivas y electorales: no respondieron a la problemática de la criminalidad en su conjunto; el personal, los recursos materiales, logísticos y todos los esfuerzos se concentraron en situaciones emergentes, según  el auge de ciertos delitos como los secuestros, las  extorsiones, los homicidios o las maras. Fueron diseñadas y desarrolladas como parte de las estrategias del “marketing electoral”, con el objetivo principal de ganar votos.

6) Predominantemente punitivas: discursivamente aceptaron la importancia de la prevención social, pero en la práctica la mayoría de decisiones condujeron a más de lo mismo: más penas; más delitos; más cárcel; más poder policial; menos garantías ciudadanas y menos control judicial. Esa preferencia de lo punitivo sobre lo preventivo, se vio claramente reflejado en los presupuestos estatales en los que la prevención fue casi inexistente.

7) Ocasionalmente más vengativas que punitivas: muchas de las políticas, planes y acciones de la política de seguridad anterior, fueron más allá del legítimo derecho que todo Estado tiene a perseguir, juzgar y castigar los comportamientos delictivos, llegando a expresiones propias de la venganza o retaliación, como el uso excesivo de la fuerza en las capturas, especialmente de personas jóvenes; el incremento de penas hasta por 75 años de prisión; los tratos crueles, inhumano y degradantes a las personas detenidas e incluso a sus familiares.   

8) Discriminatorias: Fueron extremadamente duras contra la delincuencia común o contra las personas integrantes de maras o pandillas, pero sumamente suaves y benevolentes contra la delincuencia no convencional o delitos de cuello blanco, llegando al extremo que para quienes estaban en la primera categoría se crearon los centros penales de máxima seguridad, mientras para los segundos se aplicaron otras medidas cautelares o fueron detenidos en sedes policiales.

9) Carentes de conducción estratégica: no tuvieron una conducción científica racional. Los máximos responsables habían tenido ni la formación, ni la experiencia en temáticas relacionadas con las políticas de seguridad pública; delegaron las decisiones en un grupo dominante dentro de la Policía.

No existió un Gobierno de la Seguridad Pública. Por eso persistieron graves deficiencias en áreas técnicas claves como la investigación científica del delito, planeación policial, estudios criminológicos y la formulación de una política criminal integral.

10) Ineficientes: a pesar del endurecimiento de las leyes, el incremento de las penas, el aumento de las detenciones, los operativos de “mano dura”, etc., la violencia y la criminalidad siguen siendo uno de los problemas que más preocupan a la población y, en algunos casos, las medidas represivas en lugar de reducir la criminalidad, la incrementaron como los operativos “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” que propició un crecimiento incontrolable de la población penitenciaria y encerró en un mismo lugar a pandilleros de diferentes lugares pero de la misma pandilla.

Existe una multiplicidad de factores que causaron o propiciaron esos rasgos de las políticas de los gobiernos anteriores, la mayoría de los cuales pueden clasificarse como factores coyunturales y factores estructurales.

Entre los primeros están la participación, tolerancia o aquiescencia de integrantes de los gobiernos anteriores en determinadas formas de criminalidad, especialmente con actos de corrupción y delitos de cuello blanco, entre los cuales sólo algunos casos de individuos caídos en desgracia fueron investigados, juzgados y sentenciados, mientras muchos otros han quedado en absoluta impunidad; la baja capacidad y eficacia de la Policía y la Fiscalía en la investigación de los delitos; la falta de coordinación y conflictividad entre las entidades del sistema de seguridad y justicia; el  comercio legal de armas y el incremento del mercado ilícito de drogas, armas y otros servicios de los mercados ilegales.

Entre los factores estructurales se tienen los siguientes: el predominio de gobiernos autoritarios que irrespetaron los principios, valores y objetivos constitucionales, especialmente la vigencia de los derechos humanos; la deslegitimación y anulación práctica de los Acuerdos de Paz; la falta de voluntad de gobernar por consenso; el predominio de una política neoliberal que  organizó el Estado no para el bien común, ni para los grandes objetivos sociales plasmados en la Constitución, si no para privilegiar el afán de máxima ganancia de unas cuantas personas; generación de desempleo, subempleo y empleos precarizados por las políticas neoliberales.