Luis Armando González

I. Implicaciones sociales de la violencia criminal
El problema de la violencia criminal es uno de los graves problemas que tiene El Salvador en estos momentos. No es un problema nuevo ni tampoco es un problema que surgió de la nada. Es una herencia dejada por una pésima gestión, durante 20 años, de la sociedad salvadoreña en su conjunto, y no sólo de su sistema de seguridad pública.

Desde que se reconoció abiertamente que la violencia criminal era un problema nacional –lo cual sucedió hacia 1997— se le comenzó a dar vueltas al tema de sus repercusiones económicas: montos en seguridad pública y privada, costos en la salud, en recuperación de las víctimas, en bienes robados o dañados, etc. A medida que el problema se agudizó, se añadieron nuevos rubros: montos por secuestros, extorsiones, lavado de dinero, etc.

Ahora sabemos –en verdad esto se sabe desde los años noventa— que la violencia criminal tiene un fuerte impacto en la economía. Es decir, sabemos que la violencia criminal es un negocio redondo, en el cual participan distintos actores de la sociedad, cuya cuota de beneficio es proporcional a su cuota de poder en la estructura socio-económica y política.

No hay que detenerse en las razones que han llevado a enfatizar el impacto económico de la violencia criminal: todos y todas somos sensibles a una pérdida económica.

Ahora bien, fijarse excesivamente en las pérdidas económicas ocasionadas por la violencia criminal ha impedido prestar la suficiente atención a sus implicaciones sociales. Y es que, además de impactar la economía, la violencia criminal –a medida que se profundiza y se arraiga con una dinámica “normal” de la vida social— deteriora la convivencia a nivel grupal e individual, socava la confianza en los otros y las otras, da lugar a la creencia de que los criminales siempre se salen con la suya, genera temor social generalizado…

Algo que no se debe dejar de señalar es que las secuelas de la violencia criminal sobre la vida social pueden llegar a tener efectos duraderos, es decir, quedar grabadas en los hábitos, conducta y psicología de la gente mucho tiempo después de haber sido erradicados los mecanismos que las provocaron originalmente.

En suma, es urgente prestar atención al impacto económico de la violencia, pero lo es también prestar atención a su impacto social. Los traumas sociales que está dejando este tsunami de la criminalidad merecen una atención prioritaria por parte de las autoridades sanitarias, educativas y de seguridad pública.

II. Clase media y criminalidad
Por lo general, cuando se piensa en el mundo del crimen se vuelve la mirada hacia los sectores populares, de los cuales se sospecha, casi irremediablemente, ser el lugar privilegiado para la proliferación de actividades criminales del más diverso signo, con predominio de las de carácter común.

Otra mirada, siempre que se habla de crimen, se suele lanzar hacia los sectores de poder económico y político, de los cuales se sospecha –con sobradas razones—ser el foco de irradiación del crimen organizado en sus diversas expresiones.

En esta visión, con frecuencia se olvida –o no se le da el peso debido— a los sectores medios no sólo como destinatarios privilegiados de múltiples actividades criminales, sino como protagonistas indiscutibles en ellas.

Es decir, la clase media suele ser, además de víctima del crimen, propagadora del mismo.

Su papel de víctima es claro: ofrece a los criminales, en un número de casos suficientemente alto, las opciones para hacerse de bienes y recursos que sería difícil obtener de los sectores más pudientes de la sociedad. No es que el crimen no afecte a los ricos, pero afecta con más frecuencia –incluso cotidianamente, como sucede en estos momentos en El Salvador— a la clase media.

Y su papel de propagadora del crimen, aunque casi nadie lo pone en la mesa de discusión, tampoco requiere mucho discernimiento. El crimen urbano, en sus distintas modalidades –contrabando y venta de vehículos robados, tráfico y consumo de drogas, tráfico y uso de armas de fuego, trata de blancas, extorsiones, etc.— requiere de conocimientos, destrezas técnicas (por ejemplo, contratos falsos y uso de Internet), formas de hablar, vestir y comportarse propios de la clase media.

No se trata de que se aparente ser de clase media, sino que se es de clase media.

Esto explica la facilidad con la que se cometen muchos crímenes que afectan a los sectores medios. Son cometidos por criminales que se visten, hablan, usan vehículos y visitan los mismos lugares que sus víctimas.

En este sentido, lo anterior exige un replanteamiento de la visión que se tiene del crimen, pero también de los mecanismos para combatirlo. Exige también hacerse cargo de –y analizar a fondo los— dinamismos sociales que han llevado a la clase media salvadoreña a convertirse en un foco de propagación del crimen.