Pobladores de la zona donde se construye El Chaparral presentaron un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia. Foto Diario Co Latino/Franklin Rivera

Beatriz Menjívar
Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

Pese a los argumentos de los vecinos de las zonas afectadas y los ambientalistas, la represa El Chaparral inició su construcción. Mario Sermeño, ingeniero de la Unión Ecológica Salvadoreña (UNES), declaró que no le extrañaría que después de culminar esta obra, la CEL tenga en agenda construir 18 represas más.

Las recientes declaraciones de los funcionarios sobre la inminente construcción de la represa ha preocupado a los ambientalistas y vecinos afectados de la zona.

Sermeño asegura que la CEL compró tierras sobre el río Paz, el río Jiboa y que hay tres proyectos en total. “Son 18 represas además de 5 geotérmicas las que están anunciando”, denunció el ambientalista.

Además, afirma que la construcción de las represas vendrá a contaminar más y generarán un impacto ambiental que se ha subestimado.

“Hay impactos ambientales en las mil doscientas manzanas inundadas, comparando, es como si toda la finca del Espino vaya a quedar inundada”, explica el también ambientalista, a la vez que asegura que se perderá la biodiversidad y quedarán inundados cultivos de maíz, frijol, hortalizas y pasto.

Señala que esto generará un costo económico y social en la población, y pese a que el Presidente, como otros funcionarios han argumentado que la represa se construirá por el déficit energético que tiene el país, el ambientalista negó estos señalamientos.

“La demanda máxima de energía ocurrió el 23 de abril del 2008, sólo en un instante en la demanda cumbre fue de 924 megawatts. ¿Cuál es la capacidad de generación de CEL? Es de 1450 megawatts. Entonces, existe un excedente”, afirmó Sermeño.

Asimismo, dijo que la “avalancha de energía eléctrica” no es necesaria, sobre todo, cuando según él, las represas son las responsables de generar a nivel mundial el 4% de gas metano, que provoca el efecto invernadero, considerado más contaminante que el dióxido de carbono.

La construcción de la represa El Chaparral ha dejado una mesa de diálogo entre el Secretario Técnico de la Presidencia, Hato Hasbun, y los vecinos afectados, sin embargo, no se ha generado ningún tipo de avance o alternativa hasta el momento.

Afectados por el Chaparral solicitan apoyo institucional
Comunidades afectadas por la represa El Chaparral solicitaron amparo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y auditorías del proyecto de la presa, que se pretende construir en la zona oriental del país.

Los afectados por este proyecto, que representan a cinco comunidades de la zona norte del departamento de San Miguel, llegaron ayer hasta la CSJ a presentar un amparo, con la finalidad de encontrar respaldo a su lucha social contra uno de los megaproyectos heredado de la pasada administración gubernamental y, que ahora, intenta mantener la administración del Presidente Mauricio Funes.

Además, las comunidades piden a la Corte de Cuentas de la República una auditoría realizada meses atrás al proyecto de la presa, que está por desarrollarse por la actual administración de la CEL y que, según ellos, revela irregularidades en el mismo.

Estas familias que residen en cinco municipios como Carolina, San Antonio del Mosco, San Luis de la Reina y otras dos denunciaron además que las presiones cada vez son mayores y se quejaron por la distorsión de la lucha que mantienen desde hace mucho tiempo. Ahora, temen por sus vidas, ya que en la zona se han visto grupos de personas armadas que, de un momento a otro puedan atentar contra sus vidas.

Los habitantes de la zona denuncian que la semana pasada, cerca de 12 hombres armados y con uniformes policiales llegaron hasta la vivienda de un hombre en El Portillo, a quien le exigieron presentar sus armas, las cuales “le decomisaron y posteriormente lo mataron”. Este hecho ha sido interpretado por la comunidad como una amenaza que podría estar ligada a grupos radicales, que buscan amedrentar la lucha pacífica de las comunidades.

Los padres Antonio Confesor y Rutilio Sánchez lamentaron el manejo mediático de la situación y el presentar a la comunidad como “grupos de choque o violentos”, cuando en realidad aseguran ser “la voz junto a sus líderes territoriales y población de la zona afectada por la represa y que solo intentan revertir un proceso de desarrollo que impactará en el medio ambiente y la vida de cientos de familias”.

“Ante la Corte venimos a pedir amparo a nuestra vida, a nuestro arraigo”, enfatizó el padre Confesor, uno de los líderes religiosos y de las comunidades, que asegura que en estos momentos el gobierno tiene la facultad de frenar este proyecto.

Las comunidades exigen al gobierno frenar el proyecto que a todas luces aseguran afectará la vida de cientos de familias, al tiempo que desmintieron que se tengan reuniones como lo han estado anunciando algunos funcionarios de gobierno.

Los afectados son claros en decir que “su lucha no es política sino con el fin de proteger sus vidas, pero muchos se han encargado de deslegitimarla”.

“Nuestras formas de lucha son legales y pacíficas”, apuntó el padre Sánchez, quien a la vez dijo que su lucha ahora más que nunca estará presente, hasta tener una respuesta concreta de las autoridades gubernamentales. Por ahora, esperan el apoyo de estas instancias para que brinden la información y demostrar, según ellos, que “el proyecto está viciado”.