Dr. José María Méndez, hijo
Coordinador General del Foro para la Defensa de la Constitución (FDC)

Se ha conocido la noticia del inicio del combate a la mora judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia; es una tarea inmensa y vale la pena comenzarla pero para resolver cualquier problema es necesario conocerlo en su verdadera dimensión y precisar sus causas.

No sabemos estadísticamente cuan grande es la mora judicial - conocida vulgarmente como “la ley de la gaveta” -, pero el descontento de la ciudadanía y la práctica  nos indican que es enorme.

Lo sabemos también por organismos nacionales e internacionales que investigando y exponiendo números y datos, concluyen que nuestro sistema judicial es esencialmente ineficiente, lento y corrupto. Sabemos también que la ley de la gaveta se aplica preferentemente a aquellos que no gozan de poder económico,  político o social. Además somos escépticos pues como dijo el santo: “Hasta no ver no creer”.

 ¿Quiénes integran el sistema judicial? El Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República, son dos entes notables del sistema y ambos son caracterizados en esa forma negativa y despectiva pero real.

El Fiscal General aún no ha sido nombrado y la Corte ha sido integrada en forma total recientemente, fuera del plazo constitucional, eligiendo la Asamblea Legislativa a algunas abogadas y abogados que provocan sentimientos de esperanza, en el sentido que, junto con otros magistrados nombrados antes, esa caracterización peyorativa comience a desaparecer y surja la confianza en un sistema eficaz, que sirva para cimentar la paz y tranquilidad social que tanto anhelamos y necesitamos en El Salvador. ¿Cuáles son las causas reales de la mora judicial? El FORO PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN señala los siguientes que llama pecados capitales de la mora judicial:

1.- LA CORRUPCIÓN: Algunos jueces, magistrados y otros funcionarios engavetan los casos para esperar al cliente que los anime y entusiasme para moverlos en un sentido determinado, inclinando la balanza de la ley por el peso de la cantidad de monedas que se les proporcione u otro tipo de favores que se les concedan.

2.- LA LEY DE LA IGUANA: A pesar que las leyes establecen plazos cortos y ofrecen procedimientos ágiles, algunos funcionarios aplican la ley de la gaveta y no los respetan, porque no les da simplemente la gana, porque no trabajan las horas por las que se les paga, porque obedecen la “ley de la iguana” mas que al compromiso de servicio público.

3.- LA LEY DEL DESPILFARRO: No sería justo omitir que hay muchos funcionarios correctos, que no pueden impartir pronta y cumplida y justicia por falta de recursos, humanos y técnicos, y por el despilfarro y mal uso con los que se cuenta. En ese sentido se destaca la política de eficiencia y austeridad anunciada por el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Belarmino Jaime, pero también la inmediata reacción en contra, de varios “perjudicados”. Lo cierto es que el despilfarro perjudica  la inversión apropiada y aumenta este pecado.

4.- LA IGNORANCIA: Hay algunos funcionarios que no saben que resolver, por ignorantes, porque no conocen el Derecho y están en espera que el Secretario, algún ayudante o colaborador y aún un litigante amigo o socio, les ilumine el camino. La enseñanza del Derecho y la Ética Profesional han decaído, a lo que hay que añadir el favoritismo que prevalece en el nombramiento de funcionarios, sobre la capacidad de quienes no gozan de apoyos políticos o de amistad, para llegar a los cargos de jueces, magistrados o fiscales.

5.- LA INDIFERENTE SOBERBIA: El dolor humano que ocasiona la espera, que es punzante y dramático en materia penal, a algunos funcionarios les importa poco y no se preocupan por cumplir los plazos, porque nunca les ha tocado padecer en carne propia el mal de la ley de la gaveta, mas mortífera que la gripe AH1N1. Sólo quien sufre en carne propia la retardación de justicia, sabe del grave dolor que ocasiona perder la libertad, bienes y estabilidad emocional, propia o de seres queridos, por culpa de la retardación de justicia.

La ley aplicable, por los funcionarios indolentes, es atender con prioridad a las personas con poder, con poder para ayudarles a ellos a mejorar su calidad de vida, los otros que se los lleve el diablo. Ello se debe, en gran parte, a que los funcionarios consideran que son dueños de los puestos y no servidores públicos pagados por el Pueblo.

6.- LA COMODIDAD: Como decía un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, algunos funcionarios prefieren no resolver para no quedar mal con una de las partes y esperan el momento oportuno para minimizar ese efecto que consideran negativo para su futuro profesional; sale mejor decir sí a todos y no resolver nada a nadie, hasta que llegue el momento oportuno, oportuno para los intereses del funcionario desde luego, no para la justicia.

7.- LA LEY DEL OJO PACHO: Como al incumplir los plazos y fallar contra Derecho, generalmente no hay sanción o si la hay es muy leve, los funcionarios se engolosan tranquilamente en la haraganería, la comodidad, la indiferencia, la corrupción y su ignorancia es permitida en forma vulgar, resultando que quienes tienen la obligación de vigilar a los funcionarios indolentes y corruptos y de sancionarlos, no cumplen su misión. El amiguismo, la filiación política, familiar, un falso sentido de cuerpo y el dinero son los pilares que fundamentan esta vil ley común.

RECOMENDACIÓN: Contra todos estos males debemos oponer valores, virtudes y un Código de Ética que se cumpla, comenzando por arriba, por la Corte Suprema de Justicia en la que todas las Salas parecen de espera y no se cumple la obligación constitucional de impartir pronta y cumplida justicia.

Debe investigarse y sancionarse a los jueces, magistrados y fiscales corruptos, así como a todos los funcionarios del gobierno que incurran en faltas y delitos, en incumplir el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución; debe vigilarse que los funcionarios cumplan sus responsabilidades debidamente y para ello proporcionarles los recursos necesarios, con los fondos que el Pueblo paga y la cooperación internacional proporciona; debe mejorarse la enseñanza a todos los niveles y promover el respeto a valores como los de honestidad, solidaridad y justicia; y los órganos contralores deben funcionar, tanto los que controla la Corte Suprema de Justicia, como las Súper intendencias reciente creadas. Sólo así el sistema judicial salvadoreño será absuelto y pasará a mejor vida.

Por ello es importante elegir un Fiscal capaz, honesto y comprometido con la función de proteger los intereses del Estado y de los miembros de nuestra sociedad. Por otra parte, necesitamos una sociedad vigilante, que presione y exija el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Esta vez, como dijo Mauricio Funes: ¡No tenemos derecho a equivocarnos!