Néstor Ríos
Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, dio a conocer su anuencia por la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que da pie a una investigación exhaustiva al desaparecimiento forzado de Sofía García Cruz.

Leonor Arteaga, representante legal de la organización, enfatizó que la resolución dictaminada por la CSJ sienta un precedente favorable a la historia de la justicia salvadoreña.

El reconocimiento del “habeas corpus” resuelto por la CSJ, agrega Arteaga, está basado en dos aspectos fundamentales: una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para dar con el paradero de Sofía y determinar a los responsables directos del delito de desaparición.

Según dejó entrever Arteaga, “los derechos humanos de los desaparecidos en la década de los 80, al fin serán respetados”, tras veinte años de gobiernos areneros en los que la institucionalidad gubernamental estuvo sesgada por intereses partidarios.

El “habeas corpus” es una garantía constitucional que protege la libertad personal y corresponde a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocer estos procesos y determinar la violación del derecho, en el caso haya existido una detención ilegal.

Fue el 24 de octubre de 2007 que Pro Búsqueda presentó once demandas de “habeas corpus” por la desaparición de 14 niños y niñas, entre las cuales se encontraba la de García Cruz, desaparecida el 4 de junio de 1981, en la Masacre de “Hacienda Las Peñas” , San Vicente, cuando contaba con diez años de edad.

“La violencia refleja una debilidad de la institucionalidad en El Salvador y, sin duda alguna, por eso es trascendental que el Estado asuma con seriedad sus deberes en materia de derechos humanos”, subrayó Arteaga.

Pro Búsqueda explicó que se ha documentado que miembros de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada de El Salvador, participaron en actos de violencia genocida en ese periodo de la guerra.

No obstante, la asociación ha tenido que enfrentar duros reveses ante la desestimación de sus “habeas corpus” en la CSJ, que declaró inadmisibilidad y sobreseimiento de diez casos, por considerar que los denunciantes no aportan las pruebas de la existencia de sus familiares, lo que ha revictimizado a los sobrevivientes que buscan la administración de justicia.