Carlos Gregorio López Bernal
Universidad de El Salvador

A mes y medio de la toma de posesión del nuevo gobierno es realmente difícil hacer una valoración de su actuación. Los grandes problemas que enfrenta el país, léase economía, delincuencia y salud no pueden resolverse de la noche a la mañana. Es más, siendo realistas no tiene sentido hablar de “solucionar” esos problemas, eso equivaldría a cortar de raíz realidades que siempre estarán presentes en cualquier sociedad. De lo que se trata es de reducirlos a tal grado que no incidan en una desmejora significativa de las oportunidades de desarrollo de los individuos y del país como un todo, y que no afecten la calidad de vida de la población salvadoreña.

Es decir, por el momento no tiene sentido hablar de erradicar la pobreza, pero sí de disminuirla a tal punto que todos podamos llevar una vida digna, en las que las necesidades básicas satisfechas, el famoso “Mínimun Vital” del cual hablaba el maestro Alberto Masferrer a finales de la década de 1920. Lo mismo pasa con la delincuencia, no es posible eliminarla, pero no podemos seguir con los niveles de criminalidad actuales; es imperativo reducirla. En cuanto a la salud, los bajos niveles de cobertura de la seguridad social, las limitaciones del sistema de salud pública y los altos costos de las medicinas, requieren de la decidida intervención del gobierno. En los tres casos es preciso dar un tiempo prudencial de espera para ver resultados.

Ahora bien, hay otros problemas en los cuales es totalmente válido exigir acciones y resultados inmediatos, o al menos en el corto plazo. Muchos de esos problemas han alcanzado la magnitud que hoy tienen, simplemente por la ineptitud de los funcionarios a cargo, o por las componendas políticas. Uno de ellos es el ordenamiento del transporte público de pasajeros, en donde buena parte del desorden en las calles, del maltrato al usuario y de la anarquía reinante se debe a la no aplicación de la ley.

Las recientes acciones ordenadas por el Viceministerio de Transporte, dirigidas a sancionar a los transportistas que torturan a los pasajeros con música estridente, que usan polarizados no permitidos, o que circulan sin documentos en regla, no tienen nada de espectaculares.

Es más, pudieron impulsarse al día siguiente de la toma de posesión. En este caso se trata únicamente de aplicar la legislación vigente; no es necesario diseñar planes extremadamente complejos o que requieran una alta inversión de recursos. Sin embargo, la ineficiencia de las instituciones y la inobservancia de la ley, obligan a que este tipo de acciones, que debieran ser de rutina, se conviertan en extraordinarias. A tal grado de anarquía hemos llegado.

A pesar de lo trivial del asunto, la decisión del Viceministro Nelson García merece un aplauso, a condición de que sea permanente y consistente. Si no lo hace así estará enviando el peor mensaje a la población, pero sobre todo al sector del transporte público, que nunca se ha tomado en serio la ley y menos a los funcionarios encargados de aplicarla. Lo más seguro es que los “buseros” multados volverán a las andadas, por la sencilla razón de que ya antes se han aplicado este tipo de medidas, pero su duración no ha ido más allá de un par de semanas. Luego todo vuelve a la normalidad, es decir al desorden.

El señor García debe lidiar con uno de los sectores que más atropella a la ley y a la población, y esta afirmación debe entenderse literalmente. Prueba de ello son los constantes maltratos, atropellamientos y accidentes que el transporte público provoca. Además, este sector está acostumbrado a los arreglos turbios; gracias a sus oscuros vínculos políticos siempre ha logrado que se le acepten sus exigencias sin dar nada o muy poco a cambio.

Es así como los “buseros” consiguieron que se les perdonaran millonarias multas, que se prorrogara muchas veces un decreto que permitía la circulación de buses a pesar de que la ley mandaba sacarlos de circulación, que se les diera y se mantenga un subsidio al diesel a pesar de que los precios del combustible han bajado, etc. Es más, ya está en discusión una posible prórroga o readecuación de dicho subsidio. En todo caso, los gobiernos anteriores no lograron una mejora significativa en la calidad del servicio.

Los salvadoreños tenemos el derecho a contar con un transporte público digno, ordenado y seguro.

Usar este servicio para ir al trabajo, a la escuela, o adonde sea no debiera ser una odisea o un calvario como actualmente lo es. La manera en que funciona este servicio es un atentado a la salud física de usuarios, peatones y automovilistas, basta ver las estadísticas de accidentes, o la cantidad de asaltos y robos asociados al transporte.

Pero es también una afrenta a la salud mental del usuario que debe padecer maltratos, apretujones, música estridente y de mal gusto, el apremio constante para que suba o baje del bus en milésimas de segundo, y la angustia de la alta velocidad y la imprudencia de los conductores. Cualquier hombre o mujer que ha trabajado duro todo el día, merece ir tranquilamente a su casa. Pero las expresiones de los rostros de los usuarios del transporte público a las seis de la tarde, denotan todo lo contrario. Y no es para menos, en esos buses y microbuses cualquier cosa puede pasar.

Es claro que se necesita una profunda reforma y reorganización del transporte público. Y en la búsqueda de soluciones debieran considerarse múltiples alternativas, incluso que este sea prestado por el estado o las municipalidades, o que se implementen modelos nuevos como el “metrobús” propuesto por el alcalde Quijano. La premisa para realizar esa reforma debe ser el interés público, y los empresarios del transporte deben entenderlo así. Mientras ese momento llega, es necesario aplicar la ley sin contemplaciones. Con ello no se mejorará dramáticamente la calidad del servicio, pero al menos dejará de ser el calvario que actualmente es.

Tiene la palabra el señor Viceministro de Transporte: lo que ha iniciado no puede ser una medida efímera; debe ser constante. Solo así tendrá la autoridad y el respeto necesarios para ir más allá y buscar una verdadera reforma y reordenamiento del sector.