Oscar López
Redacción Diario Co Latino

Diferentes comunidades en todo el país se han organizado en la Unión Nacional de Comunidades en Vías de Desarrollo (UNACODES), para pedir a las nuevas autoridades gubernamentales se les legalicen las parcelas de tierra en donde se encuentran sus viviendas.

Las familias están ocupando terrenos que son propiedad de varias instituciones del estado como el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Por lo mismo piden a estas instituciones su colaboración para legalizar sus terrenos ya que con ello podrán tener acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, acceso a aguas negras, entre otros.

Estas personas dicen que durante los gobiernos anteriores siempre se les mantuvo marginados, ya que nunca se les escuchó para tratar de solucionar su situación. Por lo mismo, sostienen que las autoridades del gobierno anterior “dejaron amarrado al nuevo gobierno” ya que al aprobar leyes para la ocupación de terrenos del estado se les quita la oportunidad de luchar por los terrenos en donde han vivido por muchos años.

Los representantes de las comunidades sostienen que varias familias han sido demandadas porque recientemente han “aparecido” personas que dicen ser los dueños de los terrenos en que viven, esto complica su situación, ya que estas familias son de escasos recursos económicos, por lo cual es imperativa la ayuda de las instituciones del estado para poder resolver su situación.

Con respecto a los nuevos programas de vivienda implementados por el gobierno, los representantes de las comunidades dicen no poder ingresar a ellos porque entre los requisitos está ganar dos salarios mínimos y en sus comunidades hay familias que no ganan ni siquiera un salario mínimo por mes.

Las familias afectadas no quieren ser una carga para el gobierno, por eso piden el apoyo que necesitan para poder legalizar sus terrenos y así beneficiar a 136 mil familias que viven en las tierras que son propiedad del estado. La UNACODES cuenta con el apoyo de organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), y en conjunto buscan propiciar un desarrollo para estas comunidades.