Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Las cifras del recurso agua en el país son escalofriantes, cerca del 26%  del agua distribuida en el Gran San Salvador tiene turbidez y no es apta para el consumo humano y sumado a esto, el 93% de  agua residual se descarga en ríos y quebradas sin ningún tratamiento y el 83% de las aguas superficiales está contaminado.

El documento fue presentado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE ) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en la clausura de la “Semana del Diálogo Económico”, que trató los temas de Política Fiscal, Productividad y Empleo, y Política de Agua, propuestas entregadas a los funcionarios  de gobierno.

Lawrence Rubey, de USAID, señaló la necesidad de sensibilizar a funcionarios y población en general, en el impostergable diálogo para  construir respuestas alternativas que generen un desarrollo equitativo.

“Estamos seguros que estos planteamientos contribuirán a generar los espacios de concertación y entendimiento que el país necesita para alcanzar un mayor grado de desarrollo económico y social, que a su vez conlleve a mejorar los niveles de vida de todos los salvadoreños y salvadoreñas”, afirmó.

Por su parte, Roberto Rubio, Presidente de FUNDE, consideró en sus valoraciones que la descentralización no refleja “per se” privatización, que el subsidio focalizado es la respuesta en la nivelación de tarifas y que se debe parar la tala indiscriminada de la capa vegetal del país.

“Hay que dialogar sobre estos temas. Tenemos que entender quienes gastan mucha más agua y la despilfarran, frente a los que caminan hasta 6 kilómetros para obtenerla. No se pueden permitir industrias como la minera que afectan directamente el agua y medioambiente, el recurso hídrico es un bien preciado, un derecho humano y es finito, no podemos seguir malgastando el agua”, sugirió.

Rolando Almendárez, quien tuvo a cargo la presentación del  documento, explicó que la disponibilidad de agua en el país es relativa, ya que aún recibiendo una precipitación anual promedio de 1,800 a 2,500 milímetros, de un volumen anual de 35.8 mil millones de metros cúbicos, perdía un 66% con la evapotranspiración, un 22% en  escorrentía superficial, dejando sólo un 11% de infiltración subterránea.

“Cada vez hay más presencia de las variaciones del Cambio Climático en los regímenes de lluvia, que dificultan el proceso hidrológico. En el país hay aproximadamente 360 ríos, distribuidos en 10 regiones hidrográficas, el río Lempa aporta 72% del recurso y desde 1994, la disponibilidad a la población de metros cúbicos por persona, el más bajo de Centroamérica”, dijo.

Asimismo, aconsejó en la cobertura del agua potable, un trabajo sostenido y sustentable en la calidad del agua, la ampliación de usuarios al  recurso y la protección de las zonas boscosas.

“El  Acelhuate, cuya cuenca se encuentra asentada en un gran porcentaje de la región metropolitana, recibe alrededor de 1,600 toneladas diarias de excretas; aguas residuales de procesos industriales que contienen sulfuros, nitratos, y otros tóxicos y 10, 917 metros cúbicos de aguas negras,  que genera 1,100 veces,  la norma permitida para la vida acuática”, explicó.

La cuenca del río Lempa drena hasta el Océano Pacífico, y es usado en la generación eléctrica, pesca, y turismo, a la vez alimenta mantos acuíferos, de ahí la demanda de una política de saneamiento  integral.

“El no tratar el agua contaminada de forma adecuada genera costos económicos y sociales, lo más notables son los 12 mil niños que mueren anualmente a causa de enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada, así como los padecimientos gastroinstestinales de adultos”, expresó.

Con esta realidad FUNDE y USAID propusieron una “estrategia para la ampliación de cobertura de agua potable y saneamiento” regida sobre principios de equidad, solidaridad, transparencia, eficiencia, sostenibilidad, derecho humano, valor económico y participación.

“Hay prioridades como la ampliación de la red de cobertura de agua potable y saneamiento, la zona rural que presenta déficit y falta de servicio sería primero. Se debe construir un  marco institucional que deberá ser moderno, una institución que responda con credibilidad y operatividad efectiva y una descentralización eficiente en la prestación del servicio”, apuntó.

Sobre los beneficios, Almendárez comentó que en el área social serían alrededor de cien millones de dólares, los que el Estado podría ahorrarse, al dejar de invertir presupuesto en atención médica por enfermedades asociadas a enfermedades gastrointestinales.

“En beneficios económicos también, son 16 dólares mensuales, promedio que las familias dejarían de invertir adicionalmente a la factura del agua, en algunos casos será el doble o más, quienes se ven obligados a comprar agua teóricamente de mejor calidad que la recibida por ANDA”, puntualizó.