1. El retorno a Honduras del peticionario señor José Manuel Zelaya Rosales con las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho al debido proceso ante los órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial.

2. El afianzamiento del orden democrático y el respeto a la separación de poderes, para lo cual se conformaría un gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por miembros de los partidos políticos y sectores sociales, conforme a requisitos de capacidad, mérito, idoneidad y ética que defienda la soberanía nacional y combate al narcotráfico.

3. La garantía de la vigencia efectiva del estado de Derecho y el rechazo de la corrupción y de la impunidad, asegurando el respeto a la profesionalidad de la Policía Nacional, cuya rotación deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial.

4. La Constitución de una comisión de la verdad que para el pueblo hondureño y la comunidad internacional identifique todos los actos, hechos evidentes y notorios que condujeron a la actual situación, en el periodo previo al 28 de junio, esa fecha y con posterioridad a la misma.

5. La posibilidad de adelantar las elecciones nacionales ya convocadas, de acuerdo con lo que dispongan el Tribunal Supremo Electoral y en consulta con los candidatos presidenciales.

6. La puesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral cuatro meses antes de las elecciones para efectos de garantizar la transparencia, libertad y normalidad del proceso electoral que es asunto prioritario de seguridad nacional conforme a la Constitución de la República de Honduras y la ley electoral y de las organizaciones políticas.

7. La integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables que vigile el cumplimiento de estos acuerdos e informe periodicamente de ello al pueblo hondureño y a la comunidad internacional.