Néstor Ríos
Redacción Diario Co Latino

Los fondos que servirán para la ejecución del programa de vivienda social, y que forman parte de la Promesa del Plan Anticrisis del Presidente Mauricio Funes, estarán bajo la mira del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y del Fondo Social para la Vivienda (FSV).

Los requerimientos del proyecto estarán basados, según Tomás Chévez, presidente del FSV, en las condiciones que contiene el Fideicomiso de Administración de Fondos de Garantía Inmobiliaria del BMI.

El objetivo no es solamente dinamizar la economía del país, agregó Chévez, sino también garantizar que los salvadoreños de bajos recursos económicos, tengan una vivienda digna.

Los fondos del fideicomiso ascienden a diez millones de dólares que servirán como respaldo de créditos del proyecto a corto plazo.

El presidente del BMI, Ricardo Mora, indicó que, como entidad financiera, están facultados para administrar y participar de los procesos de construcción, desde la aprobación y otorgamiento de respaldos a los créditos que las empresas constructoras adquieran, hasta el control de la ejecución del proyecto.

El FSV, por su parte, será el encargado de calificar y evaluar si las condiciones de las empresas se ajustan a los requerimientos del fideicomiso.

Los permisos de construcción otorgados por el Ministerio del Medioambiente (MARN) es otro de los requisitos a tomar en cuenta, pues con ello, según el informó el FSV, se logrará que existan menos riesgos a la hora de la ejecución.

Dentro de los lugares analizados para iniciar el proyecto están: La Bretaña, ubicado en San Martín, Lourdes, Colón; Zacatecoluca, Santa Ana y algunas partes de San Miguel.

En San Martín, se tiene previsto la construcción de un mil 500 viviendas, con la intervención del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).

El proyecto en su totalidad implicará la construcción de dos mil viviendas con subsidio estatal y cinco mil financiadas por el sector bancario, con precios unitarios de 28 mil 500 dólares.

“Creemos que la medida otorgará garantías a las empresas constructoras privadas para la obtención del financiamiento de corto plazo bancario. Necesario para el desarrollo de los proyectos habitacionales, al igual que la adquisición de las viviendas de clientes potenciales”, indicó Chévez.

Operación del proyecto
Una vez el FSV estudie y apruebe las propuestas de trabajo presentadas por las constructoras, los documentos serán llevados a los bancos que recurrirán a la aplicación de sus políticas, para el otorgamiento del financiamiento.

Si la banca da el visto bueno, entonces el BMI intervendrá para facilitar, con la firma de un convenio, la creación de una “ventanilla única” que respalde el crédito otorgado a la empresa.

A partir de ahí, según Mora, el banco financia el proyecto de construcción que durará los 18 meses establecidos.

Construidas las habitaciones, la empresa podrá comercializarlas durante cuatro meses, junto al financiamiento que el FSV dará a las familias con ingresos no mayor de cuatro salarios mínimos.

“Cuando llegamos a esta etapa, entonces nosotros podremos hacer las emisiones de Títulos Valores de hasta 25 años plazo. Pues media vez la gente vaya pagando el financiamiento, así iremos saldando el crédito entregado al constructor”, precisó Chévez.

La Superintendencia de Competencia (SC), indicó, por su parte, entregó una lista de categorías al BMI y al FSV para asegurar que el fideicomiso no tuviera efectos contraproducentes.

Para las empresas que están en la categoría A1 y A2, el BMI calcula que el fideicomiso podría percibir una comisión anual, más IVA, del 2,00%. Para las de categoría B un 2,25% y para C1, C2 del 2,50%.