Redacción Diario Co Latino
Los acuerdos anticompetitivos en licitaciones públicas lanzadas por CORSATUR, en la administración pasada y por lo cual se hace una investigación por parte de la Superintendencia de Competencia, es respaldada por las nuevas autoridades de Turismo.
Según un comunicado enviado a esta redacción, se conoció que había un acuerdo en los precios de las comisiones a cobrar .
“El Ministro de Turismo (MITUR) felicita a la Superintendencia de Competencia por realizar el trabajo con transparencia y equidad”, según cita el comunicado.
Turismo respalda la investigación que fue divulgada sobre el caso de varias agencias de viaje nacionales, que cometieron actos de irregularidad, por adoptar acuerdos anticompetitivos en licitaciones públicas.
José Napoleón Duarte Durán, Ministro de Turismo, dijo que la Superintendencia está haciendo un arduo trabajo en pro de la transparencia y equidad, y esto concuerda con la plataforma de este nuevo Gobierno, que viene a evitar abusos anticompetitivos en las diferentes instituciones.
“Exijo a la anterior administración de CORSATUR que de inmediato dé respuestas claras y transparentes de estos actos, que empañan la imagen de una institución seria y sobre todo, mancha a la industria turística del país”, señaló en el comunicado.
Y agregó que se dará seguimiento al tema en estricto cumplimiento con la Ley LACAP y Ley de Competencia, a través de procesos administrativos que me competen, para ellos, sólo se está en espera de la ejecutoria de la resolución emitida por la Superintendencia.
“Reitero mi compromiso de combatir la corrupción, asimismo, tomaré la iniciativa como presidente de CORSATUR, de convocar a la Junta Directiva y solicitar la revisión completa del caso a efecto que si procede, se declare por terminado el contrato”, enfatizó el Ministro.
Según reza el comunicado de la Superintendencia, la práctica anticompetitiva sancionada consistió en un acuerdo mediante el cual se manipularon las ofertas económicas entre los competidores, ofertando una cantidad idéntica. Lo anterior alteró las condiciones de competencia en la prestación del servicio de emisión de boletos aéreos en compras gubernamentales, entorpeciendo la competencia y obstaculizando la capacidad del gobierno de obtener los servicios a precios competitivos.



