Redacción Diario Co Latino
Académicos estadounidenses expertos en política latinoamericana pidieron a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, oponerse en adelantar las elecciones presidenciales en Honduras, como una solución al conflicto interno que sucede en esa nación Centroamericana.
Los intelectuales aseguraron que si se exige “otra cosa” que no sea la restitución en el poder al Presidente Constitucional de Manuel Zelaya, “sería una usurpación de la voluntad del pueblo hondureño”.
Más de 75 académicos y expertos en América Latina instaron a Clinton a adoptar sanciones enérgicas contra el régimen golpista para garantizar un pronto restablecimiento de Zelaya.
Los firmantes incluyen al emérito profesor de la Universidad de Harvard John Womack; el erudito, autor, comentarista y cineasta Saul Landau; el experto en Centroamérica Héctor Perla, y los autores y expertos en Centroamérica Greg Grandin y Dana Frank, entre otros.
“Las elecciones se llevarían a cabo en este momento bajo un régimen golpista que ha suspendido las libertades civiles, y donde las condiciones para elecciones libres no existen. Tal elección no tendría legitimidad internacional”, aseguran los académicos.
“Es sumamente importante que no hagamos ninguna concesión a quienes han perpetrado golpes militares. Al hacerlo, crearíamos un peligroso precedente”, dijo Dana Frank, experta en Honduras y profesora de historia en la UC de Santa Cruz, Estados Unidos.
La carta señala también que el régimen golpista ha suspendido las libertades civiles, eliminando así las condiciones en las que unas elecciones libres y justas pudieran tener lugar en un futuro próximo.
Los firmantes también desacreditaron el pretexto para el golpe -los supuestos planes de Zelaya para su reelección- señalando que sería casi imposible que Zelaya fuera reelegido antes de que su sucesor asumiera el próximo año, y que el mandatario hondureño afirmó, antes del 28 de junio, que no buscaba su reelección.
Los académicos manifestaron que Estados Unidos debe “asegurar” el pronto restablecimiento de Zelaya mediante la promulgación de enérgicas sanciones económicas contra el gobierno de facto, presidido por Roberto Micheletti.



