Néstor Ríos
Redacción Diario Co Latino

Su decisión era firme y concreta: ir a la Fiscalía General de la República (FGR) y denunciar las violaciones que a sus derechos laborales había cometido la empresa Servicios Conjuntos de Seguridad (SERCONSE, S. A. De CV).

Al relatar lo sucedido, su rostro, con una serie de gesticulaciones revelan indignación y desesperación. La razón: es madre soltera y sin empleo. Algunas veces trabajaba de noche y otras de día. Procuraba que su uniforme color beige estuviera presentable.

El salario, que a duras penas recibía quincenalmente, no compensaba con el riesgo y desgaste físico exigido por su trabajo.

Mercedes Morales, una mujer con piel morena, baja estatura y de complexión fornida, comprobó que las cosas nunca resultaron como se las habían planteado sus superiores.

Cuando llegó a las oficinas de la FGR de Santa Tecla, en septiembre del año pasado, expone los motivos de su visita al fiscal responsable del caso. La respuesta que recibe la deja fría y estupefacta:
- Mire señora, ¿ sabe quién es el dueño de la empresa para a la que trabaja?
- ¿Por qué?- inquiere Mercedes.

- Porque aquí nosotros no podemos hacer nada. Esa empresa pertenece a uno de los meros, meros del partido ARENA (refiriéndose al fallecido Adolfo Toórrez) y aunque intentemos hacer algo, no le van a hacer caso.

- Pero, ustedes como fiscales deben hacer algo- replica con indignación Mercedes.

-Sí, vamos a llevar su caso, pero de todas maneras, debe saber que esto va a tardar muchísimo.

Y así, Mercedes renuncia a sus intenciones de llevar a cabo un proceso judicial y de acudir a instancias como la Procuraduría General de la República (PGR).

Ella se aferró a la esperanza de que “ojalá las cosas pudieran mejorar”.

El pasado 18 de junio, circuló un memorándum en algunas instituciones públicas y privadas que pagaban el servicio de SERCONSE, con la advertencia de que esa empresa cerraría operaciones.
Mercedes sintió que comenzaba a lloverle sobre mojado.

A parte de ganar un salario inferior a lo establecido por la ley, a ella la despedían sin pagarle las quincenas de mayo hasta junio y sin indemnización.

Trasfondo político
En la última etapa presidencial de Elías Antonio Saca, el decaimiento de la economía nacional llevaba consigo el deterioro político interno y externo del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

El presentimiento de una derrota en las pasadas elecciones presidenciales tornaba patente la desestabilización y desavenencias en la dirigencia arenera.

Adolfo Tórrez formaba parte del grupo elite del partido de la derecha como jefe departamental de campaña, aunque ésta no era su única actividad, pues había descubierto en las instituciones de gobierno una «gallinita de huevos de oro».

¿Cómo? SERCONSE se transformó en la empresa de seguridad contratada en instituciones como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Administradora Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Después de develarse los resultados de las elecciones presidenciales, los discursos de estabilidad económica pronunciados por Saca habían terminado.

Los empresarios iniciaron una retahíla de demandas, en las que reiteraban a funcionarios del gobierno arenero que pagaran las millonarias deudas adquiridas por prestaciones de servicios y compra de bienes.

SERCONSE fue una más, que aprovechó para decir que también ellos temían quebrar si el gobierno no les cancelaba lo adeudado.

La directiva de la empresa estaba conformada por gente con reconocida participación derechista. Uno de ellos es el militar Gustavo Adolfo Perdomo Hernández, quien habría sido responsable, durante el conflicto armado de la década del 80, del asesinato de la enfermera francesa Madelein Lagadec, según investigaciones de la Comisión de la Verdad.

Otro de los involucrados en el negocio de seguridad es el Coronel Julio Cesar Grijalva, que ahora ostenta el puesto de diputado suplente en la Asamblea Legislativa por parte de la fracción arenera.

La caída
En la madrugada del 2 de junio, posterior a la toma de posición del Presidente de la República, Mauricio Funes, el «Chele» Tórrez, tomó la decisión de quitarse la vida, según concluyó la Fiscalía.
Ni familiares ni amigos, supuestamente, sabían las razones por las que Tórrez había tomado esa decisión.

Pero lo cierto es que los acontecimientos que antecedieron a su muerte, como el sonado vínculo con el ex diputado Roberto Silva y su posterior expulsión de ARENA, lo llevaron a desaparecer del espectro político.

Dos semanas después, SERCONSE despedía a centenares de sus empleados sin el pago de dos quincenas de mayo y junio, y sin indemnización.

«Esperamos que nuestras necesidades económicas surgidas con los delitos de la junta directiva de la empresa sean solventados en el marco de la justicia», dijo Edgardo Navarro, representante de los empleados despedidos.

«Le pedimos al Presidente de la República que nos tienda la mano, porque hay más de dos mil 500 familias que han salido afectadas por estos despidos», expresaron los ex empleados de SERCONSE.