Eugenio Castro
Redacción Diario Co Latino

Un foro instalado en uno de los salones de la UCA concluyó que el establecimiento de un marco jurídico totalmente nuevo y modernizado, así como una serie de herramientas jurídicas, son urgentes para la prevención y persecución del crimen organizado.

Salvador Enrique Anaya, del IDHUCA, Juan Federico Arriola, catedrático de la Universidad Panamericana de México y Javier Castro de León, de FUSADES, como expertos en materia de derechos humanos y persecución del crimen, estuvieron al frente del debate.

El tema principal giro alrededor de los límites entre la persecución del delito y la invasión a la esfera privada de derechos individuales de cada una de las personas naturales y jurídicas, como el derecho al anonimato, a la religión, afinidad política y a la privacidad.

El representante de IDHUCA, Enrique Anaya, considera que las escuchas telefónicas son “una herramienta muy importante en la lucha contra la actividad delictiva, pero hay que reflexionar que es una herramienta que incide fuertemente en un derecho constitucional”.

El jurista consideró que es importante extremar las precauciones: prácticas, técnicas y jurídicas, a la hora de la restricción de este derecho constitucional, para que no sea el mismo Estado el que cometa la violación de derechos establecidos en las mismas leyes y la Constitución.

Anaya cree que este tipo de métodos para combatir la delincuencia son “armas de doble filo” por lo que son extremadamente necesarias “exigencias mínimas al cual deben someterse el uso de este tipo de herramientas jurídicas” que son capaces de lesionar derechos fundamentales.

El Doctor Federico Arriola, explica como en México, “es un hecho de que gracias a las intervenciones telefónicas se ha logrado dar golpes directos al crimen organizado”, aunque acepta que esta clase de “espionaje” puede ser peligroso cuando no existen controles serios y fuertes.

El catedrático afirma que es “necesario poner límites a las escuchas telefónicas” para que no se convierta el Estado en el delincuente y que al gobernado se le estén vulnerando sus derechos más fundamentales mediante legislaciones con gigantescas lagunas jurídicas.