El activista medioambiental y luchador por la democracia Gustavo Marcelo Rivera Moreno sigue desaparecido, tres semanas después de habérsele visto por última vez. Y los autores –intelectuales y materiales– de este delito de “lesa humanidad” tampoco han sido encontrados, debido a la falta de una investigación seria por parte de las autoridades fiscales y policiales que siguen mostrando poco interés en este caso.

Por eso, esta semana, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) demandó del Fiscal General en funciones y del Director de la Policía Nacional Civil “promover una investigación integral, imparcial, exhaustiva y efectiva”. Esto, con la finalidad de garantizar –tanto a la víctima como a sus familiares– la “plena vigencia del derecho a la verdad, a la justicia y a la obtención de una reparación”.

Según la PDDH, este crimen es una violación al derecho a la vida, a la seguridad personal y a la integridad física y moral. Y atenta contra disposiciones de convenios internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, etc.), la Constitución de la República (artículos 1, 2 y 11) y Código Penal (artículo 364).

A la Fiscalía General y Policía Nacional Civil, la PDDH también pidió adoptar “medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad y seguridad personal del grupo familiar de Gustavo Marcelo, con el fin de evitar afectaciones a sus derechos fundamentales que puedan derivarse de las denuncias sobre su desaparición”. Y requirió de ambas instituciones presentar un informe, en un plazo de diez días hábiles.

Ayer, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteró su profunda preocupación por la inoperancia de las autoridades que investigan el caso. También expresó su creciente temor de que este crimen quede en la impunidad, lo cual sería un mal mensaje para otros activistas del medioambiente y luchadores por la democracia, quienes –como Gustavo Marcelo– arriesgan su vida por las causas justas.

Además, insistió en la necesidad de profundizar en los motivos del delito, que podrían trascender al actuar de la delincuencia común, dado el liderazgo de Gustavo Marcelo en la oposición a la minería de Pacific Rim y su lucha por la democracia en su municipio San Isidro (Cabañas). Aquí, el reelecto edil arenero José Ignacio Bautista fue acusado de cometer un fraude en los comicios de enero y marzo de este año.

Organizaciones solidarias con Marcelo intensificarán su campaña nacional e internacional para exigir a las máximas autoridades de seguridad pública (Fiscal General en funciones, Director de la Policía Nacional Civil y Ministro de Seguridad) ubicar el paradero del compañero y realizar las investigaciones que culminen en la condena de los autores –intelectuales y materiales– de su desaparición. ¡Justicia ya!