Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Los diez perfiles que tienen los partidos políticos para ser elegidos como magistrados debe de cumplir con la idoneidad para el cargo y no ser puesto por “cuotas”.

David Morales, abogado y coordinador del área de seguridad de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), ve con preocupación que no se conociera a profundidad cuáles fueron los mecanismos y las evaluaciones para elegir a los supuestos perfiles que anunció ayer la Asamblea Legislativa tener, aunque no dio nombres.

“Los antecedentes profesionales de los candidatos, si se realizó algún tipo de entrevistas a algunos de ellos, son elementos totalmente desconocidos y esto es muy grave porque lo central en la decisión debe de ser el perfil profesional, la probidad y la idoneidad moral de quienes vayan a ser seleccionados”, explicó el abogado.

Antes de iniciar el proceso, organizaciones como FESPAD y FUSADES pidieron “transparencia” en el proceso de elección, sin embargo, esta no llegó.

A criterio del abogado “los antecedentes indican que volverán a prevalecer las cuotas partidarias a la hora de la distribución de los cargos”.

Agregó que en las últimas décadas, la mayoría de instituciones fueron “secuestradas” por los partidos políticos como el caso de la Corte de Cuentas que la maneja el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y la Fiscalía General de la República “secuestrada” por ARENA, que no han tenido contralorías y sus funcionamientos han sido cuestionados.

El abogado dijo que en muchas ocasiones como organizaciones se realizaron denuncias ante la Fiscalía y los casos no fueron investigados y que eso “significa un delito grave a la democracia en El Salvador”.

En un comunicado responsabilizado por FESPAD, se criticó que pese a reiteradas exigencias públicas de la sociedad civil, los diputados y diputadas de “todos los partidos políticos, se han negado hasta la fecha a ser transparentes” en los procesos de elección de FGR y de Magistrados de CSJ, manejando con total opacidad y a su discreción, el procedimiento para la selección de los aspirantes. “Esta negativa deja en evidencia que los intereses de los partidos políticos, seguirán anteponiéndose al interés público, el cual debiese regir sobre el interés privado según el mandato constitucional (Art. 246 Cn)”, señaló.

La Sala de lo Constitucional y la presidencia de la CSJ permanece en acefalía desde el pasado 1 de julio, cuando los titulares de estos puestos concluyeron su periodo. El proceso se vio entrampado por varias irregularidades, primero por las críticas al listado presentado por el Consejo Nacional de la Judicatura donde se auto postularon tres concejales y segundo por un recurso de amparo interpuesto por la ex viceministra de Turismo Michelle Gallardo, pero desde la semana pasada se conoció de reuniones entre partidos y el Presidente Mauricio Funes, para agilizar el proceso de elección.