Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

Despreocupados lucían anoche los legisladores, luego de intensas negociaciones fallidas para lograr desentrampar el nombramiento de los cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De esta forma, los legisladores dejan otra institución acéfala. Y es que desde el 19 de abril, los diputados no determinan al principal representante de la Fiscalía General de la República, una de las principales instituciones del país, lo que por ahora a los legisladores no les quita el sueño.

En la sesión extraordinaria convocada para ayer, los legisladores se limitaron a tomar “acuerdos” unánimes, como derogar el inciso segundo, del artículo 11 de la Ley Orgánica Judicial, y frenar la continuidad en el cargo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, cuyo plazo venció este 30 de junio.

En conjunto, los cuatro jefes de fracción (FMLN, ARENA, PDC y PCN) representados en el congreso, dieron una conferencia de prensa, en la cual expresaron su coincidencia en estos acuerdos, que les permiten un tiempo para lograr un acuerdo a la brevedad posible. Al menos este fue el compromiso expresado anoche.

No obstante, esta decisión de eliminar el inciso segundo del artículo 11 decía textualmente que: “los Magistrados Propietarios; e igual que estos últimos (suplentes), por ministerio de ley, continuarán por períodos iguales, salvo que al finalizar cada uno de dichos períodos, la Asamblea Legislativa acordare lo contrario”, este último punto es la base legal que hacen los legisladores. Cabe destacar que esta no es la primera ocasión que los diputados no cumplen nombramiento de magistrados de la CSJ, en 1994 se dio este mismo caso.

No obstante, ahora los legisladores advierten que podrían cumplir con el requisito de elegir a los funcionarios la próxima semana, de lograr un acuerdo concreto en la reunión convocada para el próximo jueves a las 2 de la tarde, entre los secretarios generales de las distintas fuerzas políticas.

Donato Vaquerano, jefe de fracción de ARENA, advirtió que esto se hizo para “no caer en una ilegalidad y no entorpecer el proceso de elección”, tomando en cuenta que ayer finalizaba el plazo para el nombramiento de los magistrados.

Una elección complicada
La elección de los magistrados se tornó complicada desde un inicio. Ya que el listado enviado por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), además de contener nombres de profesionales del sector justicia, incluyó a tres de los actuales consejales, entre ellos el presidente del CNJ.

La salida de dos de ellos, de la contienda a última hora –este martes 30- y dos semanas atrás de la consejala Nora Montoya, fue una razón, según Rodolfo Parker del PDC, para comenzar a desentrampar la elección.

Aunque el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en un pronunciamiento advierte que si bien el proceso de elección fue detenido “con la excusa de cumplir lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte”, ante el amparo solicitado por Michelle Gallardo de Gutiérrez, “tal decisión es insostenible jurídicamente, ya que la Asamblea Legislativa puede y debe proceder de inmediato a realizar tales nombramientos”.

Al tiempo que recuerdan que en este caso “está en juego el derecho a la justicia de toda la población, frente al “deseo” de optar a un cargo público de la demandante”, según la valoración del IDHUCA.

Pero hay que recordar que este retraso de los legisladores con el nombramiento de magistrados de la Sala, deja en el limbo el trabajo del Órgano Judicial, y sobre todo los casos que requieren de la respuesta del principal tribunal de justicia. Los legisladores no lo ven así, y piden “paciencia”, porque aseguran que los acuerdos de ayer permiten avanzar en las negociaciones.

Asimismo está pendiente el nombramiento del Fiscal; este dos de julio le vence el plazo del actual Procurador General de la República y el último mes vence el plazo de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que son elecciones de segundo grado que requieren del consenso de todas las bancadas.

“El tema de magistrado de la CSJ debe responder al interés nacional”, según Roberto Angulo, del PCN. Mientras que Medardo González, del FMLN, aclaró que “después de esfuerzos grandes, nos fue imposible sacar el producto”.