Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino
Los presidentes del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) acordaron cortar todo tipo de relación económica y financiera con el gobierno de facto hondureño de Roberto Michelletti.
Durante la reunión del Sistema, los mandatarios de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Honduras, y un representante del gobierno de Belice acordaron implementar nueve medidas ante el golpe de Estado efectuado en Honduras.
Una de estas es la instrucción a los directores de los países SICA, ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de suspender inmediatamente todos los préstamos y desembolsos a Honduras.
Asimismo, los Jefes de Estado miembros del SICA acordaron suspender todo tipo de reuniones financiero, económico, político, cultural, deportivo, turístico y de cooperación con el gobierno “golpista” de Honduras.
Los presidentes también acordaron que, si no se restablece el orden constitucional en el vecino país, los países del SICA irán tomando las medidas escalonadas necesarias, como romper relaciones comerciales con el gobierno de facto de Micheletti, hasta que se restituya al Presidente Manuel Zelaya, entre otros.
Los mandatarios también firmaron vedar la participación de todo representante que no sea acreditado por el Presidente Manuel Zelaya, en las distintas reuniones del SICA. En el documento, los Jefes de Estado dicen apoyar “plenamente” la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre la situación en Honduras ocurrida desde el 28 de junio de 2009, con el propósito de reactivar el restablecimiento del orden constitucional y solicitar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, “para que emita una resolución condenatoria y adopte las medidas coercitivas que correspondan”.
Los Presidente miembros del SICA le solicitarán al Presidente de la Asamblea General de la Naciones Unidas incorporar un tema denominado “La situación política de Honduras”, que conlleve una resolución condenatoria.
“Declarar que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta ruptura constitucional”, reza el punto ocho de la declaratoria en la ciudad de Managua, Nicaragua.



