TeleSUR 

El respeto de los derechos a la vida y a la libertad de expresión fue exigido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al gobierno de facto instalado en Honduras, luego de que se hayan reportado desapariciones de funcionarios del gabinete de la administración del presidente Constitucional del país centroamericano, Manuel Zelaya.

En entrevista concedida a teleSUR, la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejías, indicó este lunes que además han solicitado información sobre el estado en el que se encuentran los familiares del presidente Zelaya, que aún permanecen en territorio hondureño.

"Nosotros hemos hecho un llamado, hemos estado solicitando información sobre las situaciones en las que se encuentran familiares del presidente Zelaya, así como de funcionarios de su gobierno y líderes sociales", indicó la funcionaria.

La exigencia al gobierno de facto, encabezado por el presidente del Congreso hondureño, Roberto Micheletti, se debe a que se han dictado ciertas medidas de restricción en Honduras como el toque de queda, además de que se ha reportado la desaparición de líderes de movimientos sociales.

"Hemos solicitado que cualquier medida que restrinja los derechos debe ser controlada por los instrumentos legales nacionales e internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que no se puede restringir ni la vida ni el derecho a la expresión en ninguna circunstancia, sostuvo Mejía.

Indicó que la CIDH recibió la información de que estaba no se conocía el paradero de la canciller de Honduras, Patricia Rodas, luego de que fuese secuestrada por comandos golpistas encapuchados, por lo que tenía todas las características de una desaparición forzosa, "pero ya nos alegra saber que la canciller está en buenas condiciones en México".

Aseveró además que se conoce que el líder del movimiento Vía Campesina, Rafael Alegría, se encuentra desaparecido, por lo que instó al gobierno golpista a garantizar la integridad física y moral del activista social.

"Tenemos información del señor Rafael Alegría, de Vía Campesina, quien está en esa circunstancia, hemos pedido que se le garantice su integridad", dijo Mejía al tiempo que reiteró que "la CIDH ha condenado enérgicamente el golpe de Estado que ha ocurrido en Honduras y ha reiterado la necesidad de que se restituya el orden constitucional en Honduras".

"Estamos conscientes de que hay una grave situación, llamamos a las fuerzas de seguridad de Honduras a que repongan el orden constitucional", insistió Mejía.

El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fue obligado a abandonar el país, poco antes de que comenzara una consulta popular para determinar si se convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual había sido rechazada por el Parlamento y el Tribunal Supremo.

Militares con antifaces sometieron a Zelaya dentro de su residencia, llevándolo posteriormente a una base aérea en Tegucigalpa, la capital hondureña, desde donde fue trasladado más tarde a Costa Rica, donde fue recibido como jefe de Estado constitucional por parte del presidente de ese país, Oscar Arias.

Consumadas estas acciones golpistas, Micheletti prosiguió con su juramentación como presidente del gobierno de facto y reveló una falsa carta de renuncia firmada por Zelaya, quien desde Costa Rica negó que haya decidido separarse voluntariamente de su embestidura presidencial.