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El Salvador, Viernes 25 de Mayo de 2012
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Viernes, 26 de Junio de 2009 / 11:59 h

«Hay que desmontar el sistema de corrupción»: FDC

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José María Méndez, coordinador del Foro para la Defensa de la Constitución. Foto Diario Co Latino/Roberto Márquez

José María Méndez, coordinador del Foro para la Defensa de la Constitución. Foto Diario Co Latino/Roberto Márquez



Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

La corrupción imperante en los últimos 20 años, alimentada por una «derecha empresarial», y que ha llevado a privilegiar a sectores de poder, es uno de los grandes retos que enfrenta el gobierno del Presidente Mauricio Funes.

Esta es la conclusión a la que llegan representantes del Foro para la Defensa de la Constitución (FDC), que ayer analizaron el tema de gobernabilidad y corrupción.

Algunas de las conclusiones generales en el encuentro de periodistas, profesionales del derecho y público en general, es que la derecha, tanto en El Salvador como a escala regional, está reacomodando su accionar, ante la instauración de gobiernos de corte progresista.

José María Méndez hijo, coordinador general del FDC, advierte que la situación a la que se enfrenta el gobierno actual «no es fácil», ya que la nueva administración deberá trabajar en la vía de «desmontar el andamiaje que la derecha instauró en estos 20 años, como un sistema de gobierno corrupto, y que contribuyó a dejar el Estado que actualmente tenemos».

Méndez añade que el problema no se limita a los hallazgos de corrupción que el actual gobierno ha encontrado en varias carteras del Estado, en lo que va de estos 26 días de su gestión. Ya que la corrupción caló en las entrañas del Estado, afectando la operatividad de éste a la hora de responder por las necesidades de la población.

A esto habrá que sumar la «crisis institucional» que ha generado la Asamblea Legislativa, a partir de la no elección del Fiscal General de la República –desde el 19 de abril- y la posible ilegalidad al no elegir en tiempo a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La negativa de los legisladores para elegir a estos funcionarios, claves en el combate de la delincuencia en el país, contribuye a la crisis institucional que inicia con el saqueo que los cuatro gobiernos de ARENA, impulsaron desde 1989.

Néstor Martínez, periodista y uno de los panelistas del foro «Gobernabilidad y Corrupción», destacó que la crisis en El Salvador se basa en problemas como la migración «que ha sido una de las consecuencias más fuertes de las políticas capitalistas de los pasados dos decenios, agravándose en los últimos años».

Asimismo, se refirió al creciente número de muertes violentas, desempleo, corrupción pública, dinero utilizado en campañas electorales, entre otros problemas.

Martínez añadió que entre 1992 a 2008 se registraron 75 mil 483 (asesinatos). «En 17 años de paz dirigidos por ARENA hemos tenido casi igual cantidad de muertes que durante la guerra civil», precisó Martínez.

A ello habría que sumar los más de 20 casos de corrupción que sonaron en los últimos años, entre los que destacan: el fraude de $16 millones en el BFA; el fraude en ANDA, con el faltante de cerca de $100 millones, durante la administración de Carlos Perla; irregularidades en el MOP, durante la administración David Gutiérrez, con un faltante de $40.3 millones, entre otros casos sonados.

Jaime López, coordinador del Programa de Transparencia de FESPAD, destacó que en estos momentos, cuando un gobierno de izquierda llega al poder en El Salvador, por primera ocasión, en la población hay muchas expectativas para resolver los problemas.

«En la población hay una gran expectativa de que se desmonten las redes de privilegios. Se pueda indagar a profundidad sobre la corrupción de los últimos 20 años y que eso se traduzca en más fondos para el fisco», puntualizó López.

López consideró que se requiere toda una reinvención de las políticas públicas y que se garantice la participación ciudadana.

La transparencia debe ser un elemento presente durante la administración de Presidente Funes, donde espera que se logre materializar la aprobación de una Ley de Acceso a la información Pública.

El FDC considera que el país continúa con una crisis, y a las puertas de retroceder en aspectos democráticos, se continúa violando la Constitución, práctica que en los últimos 20 años fue una constante y que esperan cambie con esta nueva administración de gobierno.

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