Mayté Morán
Redacción Diario Co Latino

Habitantes de diferentes comunidades se manifestaron frente a las instalaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) contra la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles. Entre consignas, cantos, carteles y grabaciones de homilías de Monseñor Romero, los presentes hicieron sentir su desacuerdo contra el decreto 23  que ampara dicha ley.

A la presentación de la denuncia pública al Procurador de los Derechos Humanos acudieron cerca de 200 afectados de distintas comunidades de los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, Cabañas, La Unión y San Salvador. José Flores, directivo de la Comunidad Emmanuel de Santa Ana, añade que lo único que ellos quieren es que las autoridades no los traten como usurpadores o ilegales en su propio país.

Según, Abel Bernal, los afectados “pedimos la nulidad de esta ley y que se realice una comisión para investigar la tenencia de la tierra en el país”. Entre las instituciones que apoyaron a los manifestantes están FESPAD, el Movimiento por la Defensa al Derecho de la Tierra, el Consejo Coordinador de Comunidades y la Coordinación Nacional de Habitantes de la Línea Férrea. Los afectados argumentaron que entre las causas por las que buscan dejarlos sin hogar por medio de esta ley se encuentran la activación de la línea férrea, la construcción de la longitudinal de norte, la construcción de represas, entre otras.  Para Manuel Fuentes, representante de FESPAD, este decreto tiene muchas irregularidades, ya que beneficia a los grandes sectores del país y “fue aprobado sin mucho ruido en la última plenaria antes de que el ex presidente Saca entregara la presidencia”.

Por su parte, Oscar Luna, procurador de los derechos humanos, aseguró que están estudiando la posibilidad de adherirse a una solicitud que ha sido presentada sobre la inconstitucionalidad de esta ley. Además, de manifestar que “esta ley es totalmente represiva y va en contra de los derechos de los habitantes, ya que solo pretende beneficiar a grandes sectores económicos del país”.

Luego de hablar con el Procurador, los manifestantes se dirigieron en una marcha pacífica hacia el Palo de Hule, para entregar en la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para exigir a los diputados la derogación de dicha ley.