Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Doña Ricarda Villanueva, junto a otro centenar de familias que viven en la comunidad La Cuchilla, carretera a Santa Tecla, jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, expresaron su preocupación por un nuevo decreto legislativo que amenaza la estabilidad de miles de personas por la tenencia de la tierra.
 
El Movimiento Nacional por la Defensa del Derecho Humano de la Tierra, junto a la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD) demandaron la derogación  del decreto 23, “Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión  Regular de Inmuebles”.

El nuevo movimiento integra comunidades indígenas, campesinas y urbanas, que comparten la problemática de no contar con un título de propiedad, por falta de recursos económicos.

Doña Ricarda afirmó que los 70 años de existencia de la Comunidad La Cuchilla, ubicada en los contornos de los centros comerciales de prestigio, les ha acarreado presiones del gobierno local y nacional para que desalojen la zona.

“Son generaciones completas las que han crecido y formado en La Cuchilla, pero ahora, hablan de desarrollo y a nosotros que siempre fuimos marginados por  más de 20 años, nos amenazan con el desalojo y no es justo, somos gente pobre”, dijo.

Por su parte, Abel Bernal de las comunidades indígenas y campesinas de la costa del pacífico, señaló su preocupación por el decreto 23, que consideran una abierta violación a los derechos humanos de miles de personas, que por décadas han habitado la zona.

“Ahora con los proyectos a orilla de playa, que son millonarios, han hecho hoteles lujosos, grandes residencias y andan privatizando la playa, cuando el mar es de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Nosotros  vivimos de extraer las especies, para dar de comer a nuestras familias y vender, nos estamos enfrentando a grandes capitales nacionales y extranjeros, pero vamos hacer la lucha”, argumentó.

El artículo 23 del decreto legislativo establece en su texto, que un juez de Paz puede desalojar a las personas que no tengan, en ese momento, un título de propiedad, inclusive, la expulsión de una comunidad entera podría  realizarse antes de que se emita una resolución del caso (15 días).

Mientras, la directora de FESPAD, María Silvia Guillén, dijo que esta normativa  violenta el derecho de defensa de los miembros de la comunidad, y obvia  la responsabilidad del gobierno de la República de solventar el problema de las familias que no tienen un título de propiedad.

“Hay muchas familias que están en tierras que les dio el ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria), y perversamente no les entregaron un título de propiedad, pese a décadas de vivir en el mismo lugar.  Ahora, puede venir cualquiera que tenga escrituras y echar a esa gente de ese lugar, por eso pedimos a los jueces de Paz, no aplicar el decreto legislativo 23”, declaró.

Las organizaciones pidieron además, a la Asamblea Legislativa derogar dicha normativa y a la Corte Suprema de Justicia declararla inconstitucional.

Al gobierno central solicitaron la creación de una comisión especial para que estudie el caso y cesen la ejecución megaobras que generan desplazamientos humanos y enfrentamientos sociales  como se dio con el tema de las minerías, hidroeléctricas y la carretera longitudinal del Norte.

Don Abel agregó que “a través de los años, nos han negado nuestro legado, la tierra de nuestros ancestros porque era nuestra y la gente con dinero y el desarrollo nos han ido marginando, toda nuestra vida, por eso, si esto continúa y no nos ayudan, tendremos que defenderla con la vida”.