Licda. Norma Guevara de Ramirios

El Presidente de la República, Mauricio Funes, junto a su Gabinete de Gobierno anunció el miércoles pasado, un conjunto de medidas que abarcan, al menos cuatro ámbitos: fiscal, de protección social, de impulso a la producción y de empleo. Es importante valorar una a una las medidas anunciadas; sin embargo, para el limitado espacio de este artículo nos limitaremos a comentar el sentido económico de las principales medidas de protección social a la familia salvadoreña.

El Presidente anunció que en los 100 municipios más pobres, a los adultos mayores de 70 años, que según su propio estudio suman unas 42 mil personas, que carecen de pensión alguna y tampoco tienen otra fuente de ingresos o recursos, se les hará entrega directa de dinero en concepto de pensión de asistencia solidaria. Se trata de personas que han dejado su vida laborando, formando a sus descendientes y al final de su vida están desprovistas de los recursos básicos para sobrevivir.

Ellos y ellas recibirán mes a mes y sin condiciones, dos o tres veces el aporte condicionado y tan propagandizado por el gobierno anterior. Sin duda, visto como conjunto, estas personas tendrán mínima capacidad de compra de alimentos y medicinas, que es lo que más urge para un adulto de 70 años, y estimularán la precaria economía de esos municipios que se beneficiarán con esta medida.

 Otra medida de protección social a la familia de enorme importancia para la economía familiar y de la industria salvadoreña es el anuncio de entregar a niñas y niños de  primero a noveno grado de todas las escuelas públicas del país, dos uniformes, un par de zapatos y un paquete escolar que sin duda incluirá cuadernos.

El universo de niñas y niñas que podrán recibir este beneficio, según los datos del gobierno, abarcará a un millón, cuatrocientos mil niñas y niños, de todos los municipios del país. Los detalles para la aplicación de esta decisión del gobierno del cambio están por conocerse en las próximas semanas, puesto que junto a la medida, se anuncia el propósito de que la aplicación de esta decisión incluye también el propósito de que la confección pueda ser realizada localmente para dar empleo a pequeños talleres  de costura en el caso de los uniformes. Sin duda los  cuadernos podrán ser mandados a  hacer también en imprentas nacionales y el calzado en la industria nacional.

Esta decisión favorecerá a todas las familias que tienen hijos e hijas en centros educativos públicos, pues representará ahorro en sus economías, seguridad de que sus menores puedan sentirse identificados con uniforme escolar, y los fondos que como familia destinaban a este fin, podrán ser utilizados en otros rubros de la  economía doméstica.

A este respecto es necesario recordar que la Ley General de Educación prohibe negar el acceso de niñas y niñas a los centros educativos por carecer de uniformes, y aunque esto está establecido en la ley, las familias y los propios niños y niñas se sienten afectados y constituye motivo de deserción cuando se carece de recursos para uniformes, calzados o cuadernos; las carencias influyen en la sicología de los menores y la seguridad que tendrán a partir del 2010 debe incidir pero de manera positiva aumentando su entusiasmo, su seguridad, su alegría de ser parte de una escuela.

Las familias rurales  serán impactadas también de otro modo que incidirá en su condición socioeconómica, mediante la ejecución de obras de protección, de caminos rurales, de venta a bajo costo de insumos agrícolas, con introducción de energía eléctrica y agua potable, actividades todas, que representarán oportunidades  de empleo temporal para un número considerable de personas.

Se evidencia de este modo que el enfoque del nuevo gobierno, del gobierno del cambio, es impactar la economía desde abajo, desde la población más vulnerable que al tener ingreso, gastan y si gastan, otros segmentos venden, y si venden, producen. Sin duda, con todo el valor que pueda tener y tenga la caridad, la justicia social es superior y requiere de una nueva lógica que dignifique a las familias que  en el pasado han sido siempre sacrificadas hasta llegar a conformarse o resignarse y creer que ese es su destino.

Debemos apoyar las medidas adoptadas por el Presidente Funes y su gabinete, sin duda además de recursos, requerirán de mecanismos que las faciliten, y si para ello se precisa dictar disposiciones legales que las aseguren, hay que hacerlo.