Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Los padres de Ramón Mauricio García Prieto, asesinado por estructuras delictivas como resultado de los “Escuadrones de la Muerte”, solicitaron una audiencia al Canciller de la República, Hugo Martínez, para discutir el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 10 de junio de 1994, alrededor de las 3:20 minutos de la tarde, Ramón Mauricio García Prieto perdió la vida a manos de dos sujetos que le dispararon a quemarropa, cuando tenía a su hijo de meses de nacido en sus brazos. Los sicarios se cercioraron de que lo habían herido mortalmente.

Ese mismo año, el 28 de julio, el Grupo Conjunto para Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó un informe que estableció la “mutación y atomización” de antiguas estructuras criminales llamadas “Escuadrones de la Muerte”, insertadas en otras actividades delictivas, utilizando recursos oficiales.

Doña Gloria Giralt de García Prieto reiteró la petición como padres de familia, junto al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No sólo está nuestro caso, hay miles de casos en El Salvador que están en la impunidad y creemos que con el nuevo gobierno las cosas cambiarán, y que mejore la imagen de seguridad en el país, porque en la medida que se aclare, veremos la voluntad real de que las cosas van a cambiar” , dijo.

La familia Giralt García Prieto ha librado una batalla permanente, desde hace 15 años contra las autoridades de justicia de tres administraciones del partido ARENA, que como comentó Don José Mauricio García Prieto han fortalecido la inequidad.

“Tenemos confianza en el Presidente Mauricio Funes para el beneficio del país y se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana; queremos que concluya con la investigación de los hechores intelectuales, porque sólo han sido capturados dos de los asesinos materiales”, señaló.

Asimismo, la nueva administración tendría que investigar las constantes amenazas y hostigamientos que durante una década y media recibieron los padres de Ramón Mauricio García Prieto.

Doña Gloria de García Prieto señaló que el Estado salvadoreño fue el que cometió los atropellos y se negó abiertamente a investigar el caso de su hijo, ni las posteriores denuncias.

De este caso, el 20 de noviembre de 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por haber violado los derechos humanos a las garantías judiciales, a la protección judicial y la integridad personal de las víctimas.

“El Estado debe concluir y vamos a solicitarle al Canciller Hugo Martínez una audiencia para conocer la posición oficial sobre el cumplimiento pleno y efectivo, honrando sus compromisos internacionales”, aclaró.

Para Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, esta es una oportunidad valiosa para que el gobierno del Presidente de la República, Mauricio Funes, de un giro en cuanto al respeto de los derechos humanos.

“Las sentencias de la Corte no pueden cumplirse en partes, se hace con una ejecución íntegra, que por ahora, el nuevo gobierno deberá asumir y responder con verdad y justicia; vamos a pedir la investigación del fondo del asunto y que se deje de proteger a los responsables de la muerte de Ramón Mauricio García Prieto”, puntualizó.