Elsy Mabel Rivera
Redacción Diario Co Latino

La Constitución salvadoreña no cuenta con una normativa eficaz frente al mal uso de las nuevas tecnologías informáticas. La base de datos de más de 4 millones de salvadoreños está a merced de quien la quiera obtener.

Boris Rubén Solórzano, presidente de la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet (INDATA El Salvador) explica que la inexistencia de una ley que regule las bases de datos es un peligro para la vida de los salvadoreños.

-¿Cómo debemos entender el derecho a la protección de datos?
Es mantener libre tu esfera privada de intromisiones indebidas. Es la facultad de controlar el flujo de nuestros datos personales, especialmente en soportes informáticos que son de fácil acceso, transmisión y fácil alteración.

-¿De qué manera el avance de las nuevas tecnologías ha permitido que se violente este derecho?
Desde 1995, en El Salvador, el uso de las tecnologías de Internet ha venido creciendo de una forma acelerada que sobrepasa la protección legal. El uso arbitrario de un banco de datos puede afectar derechos fundamentales. Con este tipo de información que se vende, el delincuente informático fácilmente puede llegar sólo a traerlo a su casa, saber dónde vive, dónde trabaja, cuánto gana, cuántos carros tiene, cuántas tarjetas de crédito. El problema es que no se sabe cuántos se habrán enterado de sus datos personales y nadie sabe en qué momento van a ser utilizados y de qué manera.

-¿Quién vende esa base de datos?
Por ejemplo, INFORNET, una empresa Guatemalteca, maneja 4 millones de datos de salvadoreños y de 18 millones de centroamericanos; información personal que vende por Internet, al que mejor pague por ella. Al igual que lo hace la DICOM.
INFORNET, a pesar de que en marzo de 2008 la Corte suspende su venta de base de datos, tengo entendido que todavía lo sigue haciendo.

-¿Cómo obtuvieron esa información personal?
Al parecer, un dominicano que trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral fue quien obtuvo las bases de datos. Luego, a esa persona la contratan en el Registro de Personas Naturales (RNP) y también se apropia de la bases de datos de los DUI de 4 millones de salvadoreños y los vende a INFORNET. Esto concuerda extrañamente, en el 2003, cuando la ex presidenta del RNP denunció que después de la 6 de la tarde hubo una intromisión al sistema informático del Duicentro. Nunca se investigó quiénes y qué sacaron.

-¿Existe un marco jurídico o una ley en la que el ciudadano pueda ampararse?
No. Hasta ahora sólo podemos acceder a un amparo constitucional ante la Corte Suprema de Justicia. Es la única, que por lo menos conoce un poquito del tema, pero no es la vía más idónea, porque tardan años en resolver los procesos. Además, esta jurisprudencia se queda corta respecto al abanico de actividades delictivas que se puedan realizar con la venta de bases de datos y que puedan afectar los derechos.

Eso requiere una regulación normativa emanada de la Asamblea Legislativa, mediante una ley orgánica, que regula derechos fundamentales, que delimite hasta dónde se puede entrometer en la esfera privada del ciudadano, sino la fiesta va a seguir. La gente en la calle va andar vendiendo de todo al que mejor le pague y los secuestradores se seguirán escondiendo tras la supuesta impunidad que genera estar detrás de un ordenador.

- Pero, ¿se cuenta con algún anteproyecto de ley? ¿Qué se está haciendo?
Tengo entendido que hay un anteproyecto de protección de datos, pero de delitos informáticos no tenemos nada. Pero como Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet (INDATA El Salvador) queremos proponer este tipo de situaciones al gobierno, a instituciones públicas para que se cree una vigilancia permanente de la red.

-¿Qué planteamientos específicos propone que debería tener esta ley?
Tiene que regular la mayoría de conductas. Una ley de tecnologías de la información que regule las bases de datos, venta de información, venta crediticia, que estipule que se puede vender y que no.

Además, que controle el uso indebido de imágenes en Internet, difamaciones, injurias en línea, pleitos cibernéticos. Hay que tener delitos informáticos, lo mayor que se puedan adecuar, porque si no la gente queda libre. Una ley que debe ser estudiada, analizada y consultada a la realidad del país.

-Entonces, si la Corte no es eficaz, si la policía, la fiscalía y otras instancias no saben qué hacer, ¿a qué otro lugar se puede acudir?
Ahorita sólo en INDATA le podemos ayudar un poco. No es que lo sabemos todo, pero en algo les podemos ayudar. Brindamos educación informativa: asesoría gratuita sobre cómo protegerse, qué programas utilizar para estar a salvo en líneas, cuáles no utilizar. Somos una asociación para la defensa del derecho a la protección de datos y los derechos en Internet.

-¿Qué consejo le daría a los salvadoreños para defender el derecho a la protección de datos?
La población salvadoreña tiene que denunciar estos hechos para que la Fiscalía se preocupe y piense que ahí hay que hacer algo. Hay que tener una entidad pública que persiga los delitos informáticos.