Elsy Mabel Rivera
Andi Flores
Juan José Sánchez
Redacción Diario Co Latino

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) presentó un proyecto que permitirá a los cesantes de cotización, gozar de los beneficios de la entidad. Entre esta gama se incluyen sectores desempleados y la población jubilada. En el marco de la crisis económica, desde octubre del 2008 a marzo del 2009, han cesado labores 28 mil 700 trabajadores, en su mayoría del sector industrial y de la construcción.

“Se ha trabajado con esa cifra y por eso es que se puede decir plenamente que estamos seguros que podemos soportar no una carga, sino una responsabilidad social como lo anunció el presidente Funes”, aseguró el director del ISSS, Óscar Kattán.

Según estimaciones de la institución, el monto aproximado para la ejecución del servicio al sector desempleado es de tres millones de dólares, cifra que, según Kattán, no limitará las cuentas.

“El presupuesto para el área de salud ya estaba contemplado, entonces, no significa un desembolso importante para esta institución”, justificó. Según el plan de gobierno, esta medida forma parte del Plan Anticrisis. El Presidente anunció desde su discurso de toma de posesión, el primero de junio, que con estas medidas los grupos o franjas sociales más vulnerables ya no seguirán siendo golpeadas por la crisis. El período de servicio que el ISSS continuaba dando al sector desempleado, según su reglamento, era de tres meses, con la nueva medida, la extensión de la cesantía involuntaria será de seis meses.

Kattán enfatizó que aparte de ayudar a la población desempleada, se protegerán a los usuarios de algunas restricciones “como aquellas con sabor inhumano de que un cotizante no tenía derecho de pasar consulta sin haber solicitado una cita previa. Ahora esa restricción se va a apartar y el trabajador cesante va a tener iguales derechos como si estuviera cotizando”.

Según el informe de Desarrollo Humano 2007-2008 del PNUD, sólo el 27.3% de los trabajadores cotizan en el Seguro Social. El 43% de la fuerza laboral salvadoreña se califica, según el informe, dentro del “subempleo”, es decir, que carecen de un salario digno, de prestaciones y accesos a las redes de seguridad social.