Néstor Ríos
Redacción Diario Co Latino

Tras efectuar el cierre de sus operaciones, la empresa G&S Apparel despidió a 94 de sus trabajadores sin indemnización y sin el pago de sus prestaciones laborales durante siete años, según representantes de la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES).

G&S Apparel, situada en el Km 28 y medio de la carretera que conduce a Santa Ana, habría sido cerrada el pasado 25 de mayo, sin que los patrones advirtieran al personal del inminente despido.

Eso significó una violación a los derechos humanos y a los convenios ratificados por El Salvador con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según criticó Elías Cáceres, representante de FEASIES.

Cáceres aseguró que ninguno de los trabajadores, que en su mayoría son mujeres, ha sido indemnizado y mucho menos han recibido el pago del salario devengado en las últimas dos «catorcenas».

«A parte que nos quedamos sin trabajo, el no pago a nuestra indemnización afecta indudablemente nuestro bolsillo. Por eso, exigimos al Ministerio de Trabajo (MINTRAB) que actúe de oficio para que nuestro ex patrón cumpla con su responsabilidad», expresó María Torres, una de las mujeres despedidas.

Recientemente, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, reveló a Diario Co Latino que el sector maquila se ha constituido como el principal violador a los derechos laborales, en los últimos años, incluso, apuntó que las condiciones de trabajo a las que son sometidos los empleados no cumplen ni siquiera los requerimientos seguridad e higiénicos del MINTRAB.

Al respecto, los empleados dijeron que una serie de anomalías fueron sucediendo previo al descalabro de dicha empresa, que se dedicaba al corte y confección de pantalones «jeans» de diferentes marcas.

A pesar de que varios empleados laboraron durante siete años en la empresa, ellos no recibían el pago de AFP y del ISSS. Irregularidad que los denunciantes no duraron en atribuir a la administración, pues ésta les habría entregado documentación donde se especificaba que tales prestaciones eran efectivas.

«Eso lo corroboramos con las empresas de seguros, quienes nos dijeron que varios de nuestros compañeros no aparecían registrados en la base de datos que manejan», agregó Cáceres, y que «aquí hay tres mujeres en estado de embarazo, y ellas no han recibido las prestaciones que les corresponde. Por eso, creemos que es una violación a los derechos humanos lo que esta sucediendo».

El grupo de despedidos llegó a las oficinas del MINTRAB para presentar y explicar la situación. Y que a partir de ahí, las autoridades puedan gestionar con la empresa el pago, tanto de la indemnización como los salarios.

De no encontrar respuesta a esta situación, los ex empleados de G&S Apparel advirtieron que acudirán a instancias como la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia.