Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), criticó que la Asamblea Legislativa no cumpla su papel constitucional de elegir en tiempo al Fiscal General de la República y que eso contribuya en los altos índices de delincuencia en el país.

“Es una deuda de la Asamblea Legislativa bastante grave, el hecho que no tengamos funcionarios tan importantes como el fiscal general de la república electo hasta este día lanza señales negativas”, sentenció Raúl Melara, director ejecutivo de la ANEP.

La Asamblea Legislativa debió elegir al funcionario del ministerio público, el 19 de abril, cuando el ex fiscal Félix Garried Safie concluyó su gestión. Sin embargo, el tema permanece estancando desde hace dos meses porque los diputados de ARENA y FMLN no logran ponerse de acuerdo en la elección, entre las dos personas que dejó la asamblea saliente.

Esta situación es preocupante para la empresa privada porque “ayuda a que la criminalidad siga avanzando”.

“Es cierto, tenemos un fiscal adjunto, en funciones, y esta ejerciendo su labor de la mejor manera, pero la obligación de las autoridades y en este caso de la Asamblea Legislativa era cumplir con su mandato constitucional y haber electo en tiempo”, agregó el representante de la ANEP.
La asamblea debió elegir en tiempo para “salvaguardar el Estado y la institucionalidad del país”, acotó.

A criterio de la asociación empresarial, la no elección del fiscal demuestra la falta “de voluntad política” y entendimiento de las dos fuerzas políticas que tienen mayoría para elegir al funcionario.

“Los partidos políticos deben de despojarse de los intereses partidarios para poner en primer lugar el interés de la Nación”, señaló.

La empresa privada mostró su preocupación ante la ola de delincuencia y violencia que sigue golpeando a la ciudadanía salvadoreña y que pone en peligro la inversión.

Algunos juristas consideran que la no elección del fiscal pone en peligro el Estado de derecho y judicial, por lo que también se han unido al llamado de elegir a los funcionarios de primer orden como fiscal y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, han criticado que el no avance de la elección de estos funcionarios de primer orden, pueden retrasar la elección también del Procurador General.

Jueza continuará no aceptando requerimientos
La jueza de Mejicanos, Violeta Lino, dijo hoy que a pesar de las críticas del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Oscar Luna, sigue con la iniciativa de no aceptar los requerimientos avalados por el fiscal adjunto Astor Escalante.

La jueza, dos días después de asumir como fiscal adjunto, decidió no aceptar los requerimientos por considerar que el funcionario actúa violentando la constitución de la república, porque el funcionario debe de ser elegido por la Asamblea Legislativa y con mayoría calificada.

Incluso, ayer, la Cámara de Primera de lo Penal de la sección del Centro de San Salvador, reprochó también a la Asamblea Legislativa su falta de cumplimiento a las leyes constitucionales por no elegir al fiscal y permitir que el adjunto asuma.