Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La Asociación de Abogados de La Libertad (ABODEL) instó a más jueces de la República a rechazar la función administrativa que ha asumido el ex Viceministro de Seguridad y Justicia, Astor Escalante, como Fiscal Adjunto, por considerarla inconstitucional.

La asociación giró, la semana pasada, varias cartas a los jueces de paz, instrucción y sentencia para que rechacen la función del Fiscal Adjunto.

La Constitución de la República determina expresamente, que el Fiscal General de la República debe ser un funcionario electo particular por la Asamblea Legislativa y no por una Ley Secundaria, además, la Constitución establece que el Fiscal debe ser electo por mayoría calificada, de dos tercios de los diputados electos, en total 56 votos. Sin embargo, Escalante lleva más de un mes y medio fungiendo como Fiscal Adjunto y asumiendo las responsabilidades.

José Mario González, presidente de la asociación, dijo que la falta de nombramiento de los diputados está contribuyendo a que la institución investigadora del delito quede “acéfala”, porque Escalante no tiene potestad legal para nombrar fiscales auxiliares y los requerimientos carecen de legalidad.

González aseguró que ante esta ilegalidad, se tomó la iniciativa de llamar al resto de operadores de justicia del país para “tomar la norma constitucional y no la secundaria”.

El Presidente criticó que los “padres de la patria” estén caminando “a paso de tortuga” en la elección de funcionarios de primer grado, como son el Fiscal y los Magistrados. “Hacemos un llamado a las fracciones para que dejen de lado el interés mezquino y particular y agilizar la elección de un Fiscal que aplique la justicia y persiga los delitos de corrupción y cuello blanco”, afirmaron.

José Saúl Brizuela, abogado de la asociación, agregó que es compleja la situación que está viviendo el país porque el “Estado de derecho está en peligro”.

“Por eso, le estamos haciendo el llamado a todos los jueces a nivel nacional, que como funcionarios judiciales conocedores y aplicadores del derecho; saben que estamos en un Estado de derecho roto, vacío y roto”, sentenció Brizuela.

El ex Fiscal General, Félix Garried Safie, concluyó su periodo el pasado 31 de abril, a esa fecha los diputados debieron elegir al sustituto. Sin embargo, los diputados salientes de la pasada administración decidieron delegar la responsabilidad a la nueva legislatura. Solo se avanzó en la elaboración de una propuesta de tres candidatos, que se redujo a dos, luego que Henry Campos fuera nombrado Viceministro de Justicia y Seguridad.

Ulises Rivas, otro de los abogados de La Libertad, consideró que al no agilizar el nombramiento del Fiscal, ARENA pretende mantener a Escalante. “A Arena le interesa que no se nombre al fiscal en tiempo para cubrir algunos actos de corrupción que se pudieron haber dado en la administración de Saca”, dijeron.

Los miembros de la asociación se mostraron preocupados porque Escalante podría seguir siendo Fiscal Adjunto por tiempo indefinido, incluso, pueden pasar los tres años de gestión, si la Asamblea no agiliza el proceso de elección.