Leonor Cárdenas
Jasmín Álvarez
Redacción Diario Co Latino

Representantes de la Fundación Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) exigieron a las nuevas autoridades policiales y de seguridad pública esclarecer el asesinato de los esposos Manzanares, ocurrido el dos de julio de 2006.

El abogado de FESPAD, David Morales, considera que ha existido poco interés por parte de las autoridades policiales y judiciales para investigar el verdadero móvil de este doble asesinato, el cual se realizó con «extremo sadismo, ya que fueron degollados, torturados y rociados con aceite y polvo en sus cuerpos, con el aparente objeto de alterar la escena del delito y borrar cualquier huella».

Francisco Manzanares, de 77 años de edad, y su esposa Juana Monjarás de Manzanares de 75 años fueron asesinados el 2 de julio de 2006, en su casa de habitación ubicada en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, ambos eran activistas fundadores del partido FMLN y reconocidos por la comunidad.

Los esposos Manzanares eran padres de Marina Manzanares, conocida como «Mariposa», quien durante el conflicto armado fue locutora de Radio Venceremos -medio de comunicación de ex guerrilla salvadoreña-, por lo que el asesinato de ambos ha sido considerado por FESPAD como un crimen de carácter político.

La familia considera esta hipótesis y creen que detrás del crimen puede estar gente de derecha radical, por lo que han venido demandando de las autoridades una investigación exhaustiva, a fin de dar con el paradero de los verdaderos responsables.

«Desde que se cometió el crimen de los esposos Manzanares, persiste la impunidad, pero es una impunidad que encuentra su base en las inaceptables negligencias y complicidades de las autoridades de justicia. Desde el inicio mismo del crimen, las autoridades policiales procesaron la escena con graves deficiencias, ni siquiera recolectaron todas las evidencias que ahí se encontraban, no realizaron las pruebas forenses suficientes, entre ellas el raspado de uñas», aseguró Morales y que la Fiscalía General de la República ha tenido un rol de cómplice con el crimen, en la medida en que no dictó  direcciones funcionales para investigar el doble crimen, sino hasta dos años después, luego de presiones por parte de FESPAD.

FESPAD presionó a las autoridades policiales y judiciales para que las investigaciones tratarán de caminar «y las pocas diligencias» que tuvieron dos años después la Unidad del Crimen Organizado de la Fiscalía, «ni siquiera han sido realizadas, hemos tenido contacto directo con el equipo policial que ha investigado el caso, no se les proporciona recursos para la investigación».

FESPAD considera que la nueva coyuntura es idónea para que éste y otros casos no queden en la impunidad y las familias y víctimas tengan acceso a la justicia.