El prestigioso Institute for Policy Studies (IPS) –con sede en Washington– ha decidido otorgar el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt en 2009 a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, por su lucha contra las actividades mineras en El Salvador. 

El reconocimiento se entrega desde 1977 –para honrar el trabajo por los derechos humanos– en memoria del ex canciller chileno Orlando Letelier y Ronni Moffitt, asesinados en septiembre de 1976 por agentes del ex dictador Augusto Pinochet, cerca de la Casa Blanca.

El Premio Letelier-Moffitt será entregado a la Mesa Nacional frente a la Minería por propuesta de Joseph Eldridge, catedrático de la American University, quien visitó el país recientemente y conoció la resistencia social a la minería de metales.

Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, es la única institución salvadoreña que lo ha recibido antes, en 1980. En 2008 se otorgó a la Asociación Pro-Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y en 2007 el honor fue para senador colombiano Gustavo Petro.

El acto de premiación se realizará el próximo 15 de octubre en el National Press Club de Washington, según informa John Cavanagh, director del IPS, en la notificación oficial al equipo coordinador de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

El jurado lo integraron Sara Anderson (IPS), Fred Azcarate (AFL-CIO), Joy Olson (Washington Office on Latin América, WOLA), Adam Isacson (Center for International Policy, CIP), Isabel Letelier (activista social, viuda de Orlando Letelier) y otras personalidades.

En el evento también será premiada la Domestic Workers United, organización de base en Nueva York, conformada por mujeres –amas de casa, niñeras y cuidadoras de personas mayores– latinoamericanas, caribeñas y africanas que luchan por la dignidad y la justicia.

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica la conforman comunidades cristianas de la zona norte y organizaciones ciudadanas como el Comité Ambiental de Cabañas, ASIC, ADES Santa Marta, FESPAD, CEICOM, CCR, CRIPDES, UNES, Cáritas El Salvador, entre otras.

Este reconocimiento a la lucha antiminera sucede mientras la empresa canadiense Pacific Rim demanda al Estado salvadoreño –por $77 millones– ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por negarle permisos de explotación.