Alma Vilches
Redacción Diario Co Latino

Los diputados de la fracción del FMLN sostuvieron una reunión con el Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Óscar Humberto Luna, en la que se abordó el tema sobre la ley para la garantía de la propiedad o posesión regular de inmuebles.

De acuerdo a los legisladores esta ley viola los derechos de las personas que viven en asentamientos y que aún no poseen un título de propiedad.

Según Lourdes Palacios, diputada del FMLN y miembro de la Comisión de Economía y Agricultura, dicha ley pone en riesgo la seguridad de las personas, consideradas invasoras por no contar con un documento que respalde la propiedad de la tierra.

“Esta ley fue aprobada por los diputados de ARENA y entró en vigencia el 8 de junio, y considera invasoras a las personas que viven en tierras agropecuarias, predios abandonados, calles en desuso, al margen de la línea férrea y otorga poder a las autoridades, para desalojar a estas personas. Con esto se quiere tapar los 20 años de corrupción que ha venido haciendo ARENA”, expresó la diputada.

Palacios afirmó que en algunos casos, las personas afectadas ya han gestionado su propiedad a través del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y del Centro Nacional de Registro (CNR), y no han obtenido el titulo de propiedad a pesar de haberlas solicitarlas desde hace años.

De acuerdo a está ley, las personas afectadas solamente cuentan con ocho días para demostrar que son propietarios de las tierras, de lo contrario serían desalojados después de la notificación, por lo cual se considera que viola la seguridad de las familias, asimismo se involucra a la PDDH como parte de este proceso.

Uno de los casos es la Comunidad Tahualapa en La Paz, donde por 20 años han vivido familias que pertenecen a la organización “Campesino reactivando el agro”, y durante abril llegaron más de 100 pobladores a poner en riesgo a los habitantes de dicha comunidad, pues el ISTA ha otorgado con poca transparencia, los títulos de propiedad a las personas que recientemente se han establecido en el lugar y no a los que les correspondería por vivir por muchos años en la zona.

Por su parte, el Procurador manifestó que esta ley limita el ejercicio del derecho a la propiedad a determinados grupos de personas en diferentes zonas del país, que viven en las orillas de la línea férrea o en tierras y casas que han estado abandonadas por mucho tiempo.

A criterio de Luna, la ley pone en riesgo el derecho que toda persona tiene al acceso de la propiedad o a una vivienda.

“El problema con esta ley es que se le otorga competencia a los jueces de paz, para iniciar el procedimiento de desalojo. De alguna forma la misma ley no es coherente con la misma competencia que tienen los jueces en lo que se refiere a la investigación del delito, ya que esto le corresponde a la Fiscalía General de la República y no a los jueces, por lo que se procederá a estudiar e investigar dicha ley”, afirmó.

Mientras tanto a petición de los diputados del FMLN se iniciará una investigación en la Comisión de Obras Públicas, a fin de mejorar y brindar las garantías necesarias a las personas que viven en comunidades marginales, predios abandonados o aledaños a la línea férrea, a través de legalizar las propiedades.