Gloria Silvia Orellana
Mayte Morán
Redacción Diario Co Latino

La audiencia preliminar del Caso Récord por el delito de “contaminación ambiental agravada, en perjuicio de la humanidad” fue suspendida debido al recurso de revocatoria interpuesta por la defensa de los procesados (propietarios de la empresa).

La defensa argumentó que la decisión del juez de Primera Instancia de San Juan Opico, David Morán, de “declarar sin lugar la petición de los abogados para mandar a citar al ex viceministro de salud, José Ernesto Navarro”,  era suficiente para suspender la audiencia.

El proceso judicial queda en suspenso hasta que el juzgador responda por escrito de esta acción legal a las partes involucradas; este movimiento generó las críticas de los abogados querellantes, quienes afirman la retardación de justicia de los afectados. Asimismo, el abogado querellante de Tutela Legal del Arzobispado, Alejandro Díaz, denunció las amenazas de muerte que está recibiendo el Juez de la causa David Morán por lo que pidieron protección física del magistrado y sus familiares. Las llamadas, que  iniciaron a pocos días de instalarse la Audiencia Preliminar, es para Díaz un factor determinante sobre la intención contra el juez que dará su valoración para que se aperture el juicio.

“Nos preocupa estas prácticas de intimidación contra el juez David Morán que ha mostrado un trabajo imparcial e independiente en el Caso Récord, por eso estamos pidiendo su protección integral a él y su familia”, dijo. El caso Récord ha recorrido un largo y espinoso camino a lo largo de cinco años, y que fue judicializado hasta el 2005, por la presión de los familiares del Comité Ambiental de Sitio del Niño, que asesora la UNES, Tutela Legal y FESPAD, y el Movimiento sin Plomo secundado por el CESTA y el IDHUCA.

Los padres de familia han conformado dos organizaciones, la primera la que les representan como abogados querellantes a ambas organizaciones.

La Audiencia Preliminar inició con la ausencia de los imputados: Ronald Antonio Lacayo (Director de la junta directiva); Sandra Cecilia Lacayo de Escapini (Secretaria) y José Ofilio Guardián Lacayo (Presidente), en quienes pesa una orden de captura girada el 14 de mayo de 2008.

El CESTA junto al Movimiento sin Plomo realizó una marcha demandando justicia. “Se debe condenar a los victimarios y que los jueces que verán la causa no se dejen intimidar por la Récord, actuando libre de presión, nos preocupa que la Corte Suprema de Justicia aceptará la demanda de la empresa Récord, para reabrir la fábrica, esto puede provocar la apertura de la puerta para una acción criminal”, puntualizó Díaz.