Noé Rivera
Sonia Escobar
Redacción Diario Co Latino

La Iniciativa Social para la Democracia (ISD), exigió al gobierno de Mauricio Funes y a su gabinete “transparencia” durante su gestión, además, que aclaren la situación de renta y de patrimonio de cada uno de ellos.

Dicha exigencia surge a raíz del mismo discurso pronunciado por el Presidente Funes durante la toma de posesión, en el que manifestó que impulsará una gestión pública y democrática.

“Queremos que el gabinete de gobierno presente y haga públicas sus declaraciones de patrimonio y renta. Queremos saber cómo entran y cómo salen”, dijo Ramón Villalta, director de ISD.

A juicio del director de ISD, el gobierno del presidente saliente Antonio Saca, dejó varios casos inconclusos, entre ellos el caso de la OBC, la FESFUT, la construcción del Bulevar Diego de Holguín y del “by pass” de Usulután, cuya obra fue inaugurada meses atrás pero que no se terminó, lo que generó gastos desmesurados cuya inversión no ha sido justificada.

Otros casos que piden a la nueva Subsecretaría de Transparencia, sean investigados, son: el hueco financiero  descubierto en los días previos al traspaso de mando, los gastos de privilegio como los de combustible para ciertos ex funcionarios, la cantidad de plazas otorgadas a principios de este año y los gastos hechos para las pasadas elecciones.

Respecto a la Ley de Acceso a la Información Pública, el director del ISD, pide que, a más tardar durante los primeros cien días de gestión, se generen los mecanismos y condiciones necesarias para que ésta sea aprobada lo antes posible.

Además, hacen un llamado a que se llegue a un acuerdo político para la reforma política y electoral que permita la despartidización del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la implementación del voto residencial y el voto en el exterior, así como la pluralidad de los Concejos Municipales.

A la Secretaria de Descentralización, los miembros de la ISD, piden crear las condiciones y los mecanismos para retormar el debate que lleve a un consenso nacional respecto a la política y ley de descentralización, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Agua y otras que puedan servir para mejorar la calidad de vida de las personas.