Cecilia Polío
Redacción Diario Co Latino

“Yo no tenía idea de que eso fuera tan peligroso para nosotros”, expresa Maribel Chávez, de 42 años, al hablar de que hace más de diez años convive con un vecino nada bueno para su salud y la de su familia. Un veneno llamado Toxafeno.

Maribel vive en la colonia Brisas 1 de San Miguel desde 1980, un asentamiento ubicado en los terrenos de la línea férrea que pertenecen al Estado. Su casa, se encuentra a pocos metros de las instalaciones desmanteladas de la ex fábrica procesadora de químicos Monsanto, donde hace diez años fueron descubiertos 92 barriles, con 400 libras del Toxafeno cada uno.

“Nosotros no demandamos nada, nos dimos cuenta que eso era peligroso porque vinieron los del Ministerio de Salud y los de la policía de medio ambiente a prevenirnos. Nos dijeron que esto no nos mataría ya, pero que nos disminuiría los años de vida”, recuerda Maribel.

Su padre Pedro Calderón y su esposo Daniel Ventura padecen desde hace varios años de insuficiencia renal; ambos laboraron durante algún tiempo en la fábrica de pesticidas.

Daniel, cargaba avionetas con veneno para regar los cultivos de algodón, y Pedro era ordenanza y ayudante en el procesamiento de los pesticida. Sin embargo, Pedro se niega a creer que la cercanía con los químicos le haya causado algún daño.

“Mi papá no quiere hablar de los dueños de esa fábrica, porque dice que no puede hablar mal de quienes fueron buenos con él. Cuando ellos trabajaban ahí nosotros teníamos seguro médico y la empresa nos llevaba al doctor, por eso el no cree que su enfermedad tenga que ver con los tóxicos”, expresa Maribel, quien también es la líder comunal del lugar.

Maribel recuerda que la empresa Monsanto abandonó las instalaciones a finales de los años setenta, a causa de un embargo, por lo que pasaron a ser propiedad del Banco Agrícola.

El terreno, que en la actualidad se registra como posesión de Agroquímicos Jell (AGROJELL, S. A. de C. V.), se mantuvo bajo vigilancia durante algún tiempo; hasta entonces las instalaciones permanecían cerradas y los vecinos desconocían la existencia de los barriles con el químico.

“Cuando el vigilante se fue, la gente comenzó a bajar las láminas y a desmantelar el lugar, entonces, los barriles quedaron a la intemperie y comenzaron a deteriorarse con el sol y la lluvia; pero yo todavía no sabía que eso fuera tan peligroso”, afirma Maribel.

Los 92 barriles con el químico están a la intemperie desde 1998; dos años después (2000) un agente de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil interpuso una denuncia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), aduciendo, según los expedientes de la institución, “violación del derecho humano al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a raíz de la contaminación de agroquímicos y pesticidas, señalando como presunto responsable al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)”.

En noviembre del mismo año, habitantes de la colonia La Pradera -también cercana al lugar de los tóxicos- interpusieron una nueva denuncia ante la misma institución, por contaminación del agua y el suelo con hierro, manganeso y Toxafeno, a consecuencia del funcionamiento de la ex fábrica algodonera; por ello también responsabilizaron al MARN y a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

En junio de 2002, la PDDH emitió la resolución final en la que se estableció, según el documento “violación al derecho humano al medio ambiente, declarando como responsable a la ex Ministra del MARN, Ana María Majano”, y se recomendó al entonces titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero José Walter Jokisch, proceder a etiquetar y embalar los barriles que contenían tóxicos, para ser retirados en el menor tiempo posible, sin esperar a que se emitiera la sentencia definitiva del proceso penal que se había iniciado por dicho caso.

Un año después, en julio de 2003, el MARN presionado por la PDDH, emitió resolución en la que se sancionó administrativamente a la Sociedad AGROJELL, S.A. de C.V., representada legalmente por el señor José Manuel Gutiérrez, ordenándole pagar 11 mil 880 dólares por daños al medio ambiente, el pago debía hacerse efectivo en un plazo de quince días.

El desembolso nunca se realizó y se tampoco se tomaron acciones para el retiro de la sustancia, debido a este incumplimiento la fiscalía inició una acción penal.

Tanto Gutiérrez como la empresa fueron procesados por el delito de desobediencia de particulares y fueron condenados en 2004 por el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel a responder civilmente con 150 mil dólares por el abandono y el deterioro de los 92 barriles con tóxicos, pero finalmente fueron exonerados. El caso fue a casación y hasta la fecha no se ha conocido la resolución.

El Tóxico
El toxafeno es un insecticida que contiene en su fórmula más de 670 productos químicos; ha sido utilizado para el control de plagas en las cosechas de algodón. Forma parte de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y su uso está prohibido a escala mundial.

Generalmente, se encuentra en forma de sólido o gas y en su forma natural es de consistencia viscosa y de color amarillo. También se conoce como canfeclor, clorocanfeno, policlorocanfeno y canfeno clorado.

De acuerdo con la Agencia para Sustancia Toxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en ingles), el toxafeno puede pasar el medio ambiente desde los lugares de almacenamiento a través de evaporación, el agua y tierra.

El químico se degrada muy lentamente y puede permanecer en el ambiente hasta por 500 años. Las personas pueden exponerse al químico si se respira cerca del mismo, también a través del agua y tierra contaminada o al ingerir alimentos que han estado en contacto con estos elementos y por medio de la piel.

“Una de las debilidades de la comunidad es que no están organizados y hay falta de información, el problema es que los pobladores no saben qué es eso. El Toxafeno está en el ambiente y se aloja hasta en los mangos que comen y llevan a vender”, explico la ambientalista Liliana de Ventura.

Asimismo, agregó que “la gente se baña con el agua contaminada y el Toxafeno también se absorbe por la piel; la mayoría de mujeres del lugar tienen manchas negras en su cara, eso no es normal”.

El Ministerio de Salud realizó hace algunos años una serie de estudios al agua de los pozos y previno a los habitantes de las colonias Brisas 1 y 2, así como La Carrillo y La Pradera que no la consuman, ya que está contaminada con solvente.

La Fiscalía General de la República solicitó, además, un estudio de incidencia de cáncer que nunca se realizó.

Se intentó conocer la versión del director del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) de San Miguel, Rómulo Vides, quien se negó a dar declaraciones al respecto.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (DHHS) ha determinado que es razonable predecir que el toxafeno es cancerígeno y su presencia en los humanos puede detectarse en la sangre, leche materna y tejidos corporales; los exámenes más usados para su detección son los de sangre y orina, sin embargo, no se puede determinar el nivel de toxafeno que la persona posee.

“Medicina legal nos hizo exámenes de sangre, unos salían con el hígado inflamado, otros con insuficiencia renal como mi esposo y otras enfermedades. Al principio el agua echaba un olor fuerte, pero ahora solo se vuelve roja cuando se le echa cloro”, explicó Maribel Chávez, líder comunal.
El toxafeno expuesto a la intemperie expele fuertes olores que los habitantes, ubicados a solo 15 metros del sitio, dicen no soportar sobre todo en verano y cuando hay lluvias fuertes. El uso de este químico fue prohibido en El Salvador en el año 2000.

De acuerdo a lo prescrito por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, “se califica al toxafeno como un producto tóxico prohibido y existe la obligación de los Estados partes del Convenio de prohibir y adoptar las medidas jurídicas y administrativas necesarias para eliminar la producción y utilización de dicha sustancia, así como su adecuado tratamiento y disposición final”. Este convenio fue ratificado por El Salvador en 2008.