Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Representantes de diversas comunidades al nororiente del país, pidieron al gobierno detener las obras de construcción de El Chaparral, así como, de El Cimarrón y El Tigre, por considerarlas “proyectos de muerte”.

La Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) que construye actualmente la presa El Chaparral en el río Torola, al norte de San Miguel, tuvo un historial de conflictividad entre las comunidades de pequeños agricultores y el gobierno del ex presidente Antonio Saca.

El desplazamiento de grandes asentamientos humanos, la falta de consulta ciudadana en temas trascendentales y la intención de “vender” los excedentes de energía eléctrica a Centro América, han sido los argumentos que los pobladores esgrimen para rechazar estos proyectos.

El Padre Antonio Confesor, de la Diócesis de Santiago de María, afirmó que esperan que el Presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, cumpla con las promesas hechas, de contribuir en la protección de la población, social y económicamente excluida.

“Es un crimen grande quitarle la tierra a humildes campesinos que ven a su tierra como su madre, y se la han quitado bajo amenazas y pagando precios ofensivos como un terreno de una señora al lado de río que le dieron sólo 60 dólares. Esperamos que el Presidente Mauricio Funes pase de las palabras a los hechos y pare la construcción de la obra”, dijo.

Mientras las habitantes Arely Portillo del Llano de la Virgen (San Miguel) y Ana Emérita Paz (Chalatenango), señalaron su disconformidad por la reelección de Nicolás Salume h. como presidente de la CEL. “ Nunca quiso dialogar con los afectados y afectadas de las presas”, afirmaron.

Ambas mujeres solicitaron el cese de la construcción de las obras y sugirieron una nueva política energética de fuentes solares y eólicas (aire), para sustituir el agua.

“No podemos permitir este tipo de gigantescas obras en un territorio tan pequeño, que afectan a grandes asentamientos de la ciudadanía”, dijo Portillo.

Por su parte, el presidente de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES) Ángel Ibarra, propuso a los ministerios de Economía, Medio Ambiente y al Presidente Mauricio Funes, un documento que contiene valoraciones para conformar una “política energética sustentable” en el país.

“Hemos heredado de cuatro gobiernos de ARENA, la agresión al medio ambiente y prácticas económicas que han marginado a las mayorías. Este es un intento de convertir al país en un “hub” (concentrador) regional para ofertar la producción energética en Centroamérica, arrasando el ecosistema nacional”, explicó.

Según, el ambientalista, la demanda de potencia máxima en el país en 2007 fue de 907 megavatios (Mw), existiendo una capacidad instalada de 1,370 Megavatios (Mw).

“Lo importante es que se reconozca como un derecho humano el acceso a la electricidad eléctrica y tener una vida digna y una gestión sustentable con su uso eficiente y ahorro”, puntualizó