Néstor Ríos
Redacción Diario Co Latino

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, lamentó que el Presidente de la República, Mauricio Funes, no haya incluido en su discurso algunos temas de seguridad institucional.

Aunque la selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la República y del Fiscal General de la República, le compete a la Asamblea Legislativa, según Luna, debió tomarse en cuenta para exigir una administración de justicia eficiente.

«El tema de la administración de justicia no fue señalado en el  discurso. Estas instituciones juegan un papel importante para la democracia y, en  el desarrollo de este país, deben ser consideradas», indicó Luna. No obstante, el Procurador describió el contenido del discurso de toma de posesión del mandatario, como un «sendero para construir un país más sólido, más solidario y equitativo».

Pese a que las instituciones del Ministerio Público, a criterio de Luna, fueron relegadas en la intervención del presidente Funes, el mensaje fue adecuado para establecer políticas que protejan a los más desfavorecidos del país y que «el rasgo que me interesa destacar del discurso es la visión de futuro y la visión de esperanza. Por ello animo a recoger esa propuesta y a aportar en la medida de nuestras posibilidades».

El titular de la PDDH recordó que el gobierno saliente de Antonio Saca, en materia de derechos humanos, dejó una deuda incuestionable que debe ser retomada y considerada por la nueva administración.

Dentro de esas áreas que fueron una frustración para los gobiernos areneros, según Luna, está la seguridad pública, el tema de los emigrantes, los derechos de los pueblos indígenas, las personas que se encuentran en los ex bolsones y la protección de los recursos naturales.

Luna describe en ese listado, los derechos de los lisiados de guerra, la ratificación de acuerdos internacionales en derechos humanos, la elaboración de un diseño social para erradicar la pobreza, el derecho al agua y los acuerdos con los transportistas. De esta manera fustigó la ineficacia con la que fueron tratadas, durante veinte años, todas las áreas que competen a la protección de los derechos humanos, principalmente los casos emblemáticos que quedaron en la impunidad, como el asesinato de Monseñor Romero, los sacerdotes jesuitas y  las hermanitas Serrano Cruz. En estos casos «hay recomendaciones de investigación de todos los organismos internacionales», advirtió Luna y que  serán presentadas al nuevo Jefe de Estado en los próximos.