Néstor Ríos
Redacción Diario Co Latino

El arrendamiento del Hospital de Especialidades, aprobado el 25 de febrero de 1992 por la Asamblea Legislativa, contiene varios requerimientos que han sido ignorados e incumplidos por el Ministro de Salud y Asistencia Social, Guillermo Maza, y el Director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Nelson Nolasco.

Esa fue la denuncia que hicieron ayer Wilfredo Alfaro, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Salud y Medio Ambiente (ADESAM), y Mario Arévalo, Secretario General del Sindicato Gremial de Empleados de Salud (SIGESAL), frente a una posible malversación de fondos en las instituciones del Estado.

Y es que, según los dirigentes de ambas organizaciones, la infraestructura del referido nosocomio fue asignada desde hace dos años al Hospital Rosales, para la ubicación de algunas áreas médicas.

No obstante, al tener ellos acceso al documento de alquiler, que contiene las condiciones en las que debían ser entregadas las instalaciones del hospital, se percataron de que el artículo 9 del contrato no había sido cumplido.

Pues según agregaron, el edificio, desde que fue entregado a la administración del Rosales, ha sido sometido a varias revisiones y en su interior se constató que no hay “equipo biomédico, instrumental, médico quirúrgico, camas y equipo en general”.

Es más, mencionaron que la infraestructura no cuenta con los estándares médicos necesarios para seguirlo utilizando, pues a razón de ello, el próximo 21 de mayo, el Gobierno de Japón empezaría a reconstruirlo.

“Simplemente lo que podemos apreciar es una infraestructura medio reparada. Pero realmente las condiciones del hospital no están para equiparlo”, indicó Alfaro.

Alfaro cuestionó además, “¿por qué le han ocultado al gobierno de Japón las verdaderas condiciones en que se encuentra el hospital de especialidades y que es debido al incumplimiento del ISSS?”.

El documento, al cual Diario Co Latino tuvo acceso, en su artículo 9 establece que la forma de entrega y recepción del inmueble habría de quedar bajo la responsabilidad de las partes contratantes.

En este caso, los principales señalados a cumplir lo estipulado con base a las Actas de Inventario de arrendamiento serían la Cartera de Estado de Salud y el ISSS.

Pero, lo que más agudiza la situación sobre el manejo de patrimonios del Estado, como es el caso del Hospital de Especialidades, es el hecho de que los fondos vayan a parar al limbo de las adquisiciones y contrataciones que caracterizan a las dependencias.

Así lo entiende el presidente de ADESAM, quien sin titubeos cuestionó el artículo 3 del documento, que dice textualmente: “el instituto (ISSS) pagará al Ministerio en concepto de arrendamiento, la cantidad de 17 millones 900 mil cuatro colones anuales, las que serán ingresadas al Fondo que el Ministerio (de Salud) determine.”

“Es necesario que nos den una explicación del paradero del canon de arrendamiento que pagó el ISSS, que a estas alturas suman 268 millones 500 mil colones por casi 15 años”, precisó Alfaro.

Es decir, una cantidad que asciende a más de 30 millones 685 mil 714.29 dólares, los que podrían ser utilizados para mejorar el servicio hospitalario. Arévalo es de la misma opinión, en cuanto a la necesidad de conocer el fin de esa cantidad de dinero, pues según él, el Hospital Rosales pasa de incontables carencias que deben ser resarcidas en el menor tiempo posible.

Desde la Unidad de Emergencias hasta cada una de las salas donde son atendidos los pacientes, el Rosales urge de una atención inmediata por parte de los funcionarios de gobierno, según indicó el dirigente de SIGESAL.

“La utilidad debe ser atender a los pacientes y podemos verlo: que hay pacientes que están en el suelo, que tenemos una gran crisis de cama. Entonces, a juicio de nosotros, el hospital debe ser habilitado de inmediato en las condiciones que debe estar”, sostuvo Arévalo. Otra de las áreas más descuidadas, que ambos dirigentes convinieron en sacar a luz, es la morgue del Rosales, donde debido a la falta de aire acondicionado la descomposición de los cuerpos de las personas fallecidas ponen en riesgo la salud del personal.

Tanto el presidente de ADESAM, como el secretario de SIGESAL acordaron ayer por la mañana realizar una reunión con el Director del Rosales, Carlos Cornejo Fortiz, para conocer su posición administrativa referente a la problemática. La sorpresa de los dirigentes, durante la conversación, fue abrupta e inesperada al escuchar a Fortiz decir que no conocía la situación legal del hospital recién adherido al Rosales.

Incluso, esgrimió que ese tipo de documentos sólo los maneja el Ministerio de Salud, por lo tanto, tendrían que solicitarlos para darles revisión y así conocer las cláusulas con las que fue celebrado el contrato.

De inmediato, Alfaro sugirió al galeno que hiciera todas las gestiones pertinentes entorno al estado del edificio de Especialidades y que, de encontrarse anomalías, interpondrían el próximo jueves una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el titular de Salud y del ISSS.

Para Alfaro, el hecho de que la dirección del Rosales dijera no tener competencia alguna sobre el estado legal del inmueble es una “total violación a la autonomía del sanatorio público más importante del país”.

El origen
Según el contrato de arrendamiento, que llegó hasta esta sala de redacción, Gilberto Lisandro y Romero Majano Araujo, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social y Director del ISSS, respectivamente, fueron quienes solicitaron a al pleno Legislativo de 1992 la aprobación del alquiler.

Alfredo Cristiani era quien ocupaba en ese entonces la Presidencia de la República y su rubrica aparece en el Diario Oficial Nº 37, Tomo Nº 314, el cual comprueba la conformidad de la Asamblea Legislativa del contrato.

Sin embargo, previo a todo el manejo legal y político que se generó alrededor del Hospital de Especialidades, el Gobierno de la República de Francia había donado cerca de 140 millones de francos, en 1989, para la construcción del edificio.

“En ese momento, el Gobierno de Francia dio el apoyo para un fin que, hoy por hoy, no ha se ha logrado hacer, que era atender a las personas más necesitadas”, comentó a este rotativo Alfaro.

De hecho, el mismo contrato establece que el hospital arrendado, “además de prestar sus servicios a los derecho-habientes, continuaría prestando servicios de tercer nivel a toda la población”.

Aspecto que no deja de incomodar al presidente de ADESAM, pues según afirmó que “el hospital nunca entendió a toda la gente que quería pasar consultas en él”.

El hospital, al ser entregado en arrendamiento en 1992, contaba con 300 camas, y de acuerdo con el representante de ADESAM, el número disminuyó a 60. Una cantidad insuficiente para la población que atiende hoy el Rosales.

Alfaro también dio cuenta de que dentro de los documentos, que el decreto legislativo presenta, está la participación y aprobación del Colegio Médico, quienes, según añadió, “confabularon para quitarle ese hospital a los pobres”.

El sanatorio de Especialidades está ubicado a un constado noroeste del Rosales, colindando con el Centro Nacional de la Liga Contra el Cáncer y habría comenzado a funcionar bajo la administración del ISSS en 1992.

Aunque no descartó su contribución para que el caso fuera a instancias como la FGR, Fortiz dijo que “hay cuestiones de fondo político que sabrán manejarse, porque la Asamblea Legislativa está incluida”.