Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La resolución que emitió la semana pasada la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha generado polémica. Algunos sectores avalan la decisión de la Sala de ordenar que el listado no sea aceptado porque aspiran tres concejales que se autopropusieron y además ordena a la Asamblea Legislativa suspender toda acción de elección. Sin embargo, otros consideran que la resolución no está apegada a derecho, como el juez Quinto de Instrucción de San Salvador, Sidney Blanco, candidato a la magistratura para la CSJ por la FEDAES.

- ¿Cuál es su opinión sobre la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional de la CSJ?
La Sala de lo Constitucional, admitiendo el amparo de la señora Gallardo de Gutiérrez ordena a la Asamblea Legislativa abstenerse de nombrar magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Es una resolución que amerita varios cuestionamientos. Primero, está exigiéndole a un Órgano de gobierno que se abstenga de realizar una actividad que Constitucionalmente le corresponde en un plazo ya establecido por la Constitución. Segundo, la Sala abandona la reiterada jurisprudencia que había traído sobre casos similares, en donde antes había reconocido que las expectativas de derecho no son sujetas a amparo, sino, únicamente los derechos reales y existentes que hayan tenido un carácter definitivo e irreparable, esa es la jurisprudencia que ha mantenido la sala en casos similares y ahora sin dar mayor explicación se aparta de esa jurisprudencia y resuelve que es necesario proteger y admitir la demanda. Tercero: se está cuestionando que en esta resolución pronunciada por la Sala hay un magistrado: Julio Acosta Baires que también tiene la misma aspiración que la demandante y, por lo tanto, debió excusarse de conocer de este caso.

Hay un cuarto: que el presidente de la Sala, Agustín García Calderón, también tiene la misma situación y no aparece en el expediente que el se haya excusado de conocer. Es cierto que no firma, pero no se excusa de conocerla, no se ha excusado como debería, por tratarse de una demanda donde se está en la misma condición de él porque tenía aspiración de aparecer en la lista

- ¿No es viable esta resolución?
Digo, la Sala ha pronunciado una resolución extraña, contraria a sus propios precedentes. Nosotros, como jueces, implicados como terceros en este pleito estamos pidiendo a la Sala que revoque la resolución por no estar a nuestro juicio apegada a derecho. Además, solicitamos que le permita a la Asamblea Legislativa continuar con el proceso de elección de magistrados

- Ustedes estarían pidiendo una revocatoria o que la misma Asamblea Legislativa no tome en cuenta esta resolución…
No… no… no. Nosotros como jueces no podemos estar insinuando a otro Órgano, poder público o particulares que desconozcan una resolución judicial, menos de la Sala de lo Constitucional, lo que nosotros buscamos es revertir esa decisión para que la Sala deje sin efecto la misma; además, que el magistrado Acosta Baires no conozca de la misma porque es un tercero interesado, porque no puede juzgar a alguien que se encuentra en su misma situación.

- ¿Lo legal era que Acosta Baires y García Calderón se excusaran de conocer este amparo?
¡Exactamente!

- Ustedes no están rechazando la petición de amparo, sino de la misma resolución emitida...
Nosotros no estamos en contra de la petición, es decir, cualquier persona puede abocarse a cualquier autoridad haciendo la petición. El derecho Constitucional de petición no podemos reprochársela a nadie. Nosotros no estamos contra la demandante, reclamándole porque ejerció esa acción, lo que no nos parece correcto es la resolución que admite la demanda porque se aparte del precedente que había mantenido la Sala; además, porque conoce de la resolución una persona que no debió conocer, porque no aparece la excusa del magistrado, esos son los reclamos.

La asamblea está obligada a atacar las decisiones de la Sala de lo Constitucional, pero es preocupante el escenario que pueda generarse tomando en cuenta los plazos que trascurren para las resoluciones definitivas. Tenemos que ser claros que la Sala no ha dictado sentencia, si no una medida cautelar que se puede dejar sin efecto por la misma Sala. El proceso puede continuar porque la asamblea debe de elegir en tiempo.

- Con esta resolución se estaría cayendo en el mismo problema ético por el cual se cuestionó al CNJ.
Sí… digo, no sabemos por qué ellos no se han excusado de conocer porque son parte interesada. Pero, lo que más me preocupa a mí es la facilidad con los que la Sala da esos giros de interpretación a unos temas que deberían de mantenerse en el tiempo. Es que lo que no podemos en un caso cualquiera decidir de una manera y en otro que representa unos interés sectoriales resolver de esa. Es un tratamiento privilegiado. Como dice el IDHUCA que ya quisieran que los casos se resuelvan con tanta rapidez.

- Lo ideal sería que la Asamblea Legislativa dejara fuera a los tres concejales del listado que presentó el CNJ y ¿elegir del resto de candidatos para no seguirlo postergando?
Claro. Esa es otra de las cosas que no deja clara la resolución: que cuál será el paso a seguir. Tampoco le ordena a la Asamblea Legislativa qué hacer, si devolver la lista al CNJ, si excluir de la lista a esos tres concejales que se autopostularon, no da un planteamiento de solución sobre un problema que requiere una solución. Yo siempre he dicho que la valoración ética y moral de estas tres personas que se auto postularon es una de las tantas valoraciones que debe de hacer la Asamblea Legislativa sobre muchas personas, yo no me atrevería a decir si ellos son los únicos cuestionados por comportamientos antiéticos, hay muchas personas también con comportamientos pasados mucho más graves que lo que han hecho los concejales. Yo lo que quiero decir es que esas tres personas no son las más cuestionadas, y la Asamblea Legislativa debe de analizar ese ámbito.

- La Cámara de Comercio e Industria dijo que al no existir la elección del fiscal y el retraso de la elección de magistrados se podría generar una crisis institucional.
Por supuesto que si, eso es factible. Hoy por hoy hay muchos jueces y magistrados de cámara que están rechazando las actuaciones del fiscal adjunto y si la gente no puede identificar que es un problema grave, pues no sé qué esperan o llamarían problema grave institucional. El fiscal adjunto no es nombrado de acuerdo a la Constitución y sus actuaciones no son válidas, eso es muy grave y si le agregamos que muchos jueces están analizando la posibilidad de rechazar masivamente los requerimientos nos enfrentaremos pronto a un caso de unas dimensiones insospechadas. Y si al paso que vamos también llegamos a la fecha límite de la elección de magistrados, pues, prácticamente encontramos un órgano principal acéfalo. Eso es grave, imaginémonos el mensaje que se les está dando a los inversionistas.

- Es un mal mensaje en tiempos de crisis
En tiempo de crisis, donde no se sabe cómo van a quedar las instituciones, o si en verdad se van a constituir. Acá se escuchan voces de que no hay problema que no se elija al fiscal porque está el adjunto o no hay problema que no se elija a magistrados porque están suplentes es una visión un poco corta de los efectos. Creo que el día que abandonemos los dobles discursos el país caminará mejor, yo escuchado que lo que quieren es un fiscal idóneo capaz que no tenga vinculación partidaria y allí lo tienen: Henry Campos.

- ¿Usted prevé que pueda suceder lo mismo con la elección de los magistrados?
Sí, por las señales que vemos sí.