Fuente Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogará a partir del próximo miércoles a cuatro diputados españoles y tres expertos jurídicos que se trasladaron a El Salvador hace casi veinte años para investigar el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, entre los que se encontraba el padre Ignacio Ellacuría, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que admitió a trámite en enero pasado una querella contra 14 miembros del Ejército salvadoreño, tomará declaración el miércoles a los técnicos José Luis Ruiz Navarro, Enrique Arnaldo y Fernando Álvarez de Miranda.

COMISIÓN ROGATORIA
El juez reiteró el pasado mes de abril la comisión rogatoria que libró a las autoridades salvadoreñas, para que le remitan una copia de los expedientes judiciales relativos a la investigación que se llevó a cabo sobre estos hechos y otra del proceso de amparo constitucional promovido por la Corte de Suprema de Justicia.

Al mismo tiempo, dejó sin efecto la declaración de William McCollum, miembro de la Delegación que viajó a El Salvador como parte de una comisión del Congreso de Estados Unidos que investigó estos hechos en 1990, y da a las partes un plazo de diez días para que presenten un pliego de preguntas para el mayor del Ejército norteamericano Erick Buckland.

También insta a las acusaciones, entre las que se encuentra la ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), para que en ese mismo periodo de tiempo localicen a los querellados en la causa y a los testigos oculares que propusieron.

ASESINATOS TERRORISTAS
La querella, presentada por un posible delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, está dirigida contra 14 militares salvadoreños, entre los que se encuentran cuatro generales en el momento de los hechos. No obstante, el juez rechazó la imputación del ex presidente Alfredo Cristiani Burkard.

En su resolución, el juez Velasco también ordenó la declaración testifical del ex fiscal general de la República Belisario Amadeo Artiga, del juez Ricardo Zamora y los abogados Henry Campos y Sidney Blanco. Estos dos últimos fueron los fiscales asignados al caso cuando se enjuició en El Salvador y renunciaron cuando, según la querella, fueron obligados a minimizar el interrogatorio a los militares imputados. Posteriormente, representaron a las acusaciones particulares.

Los asesinatos, atribuidos a miembros del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño, fueron cometidos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador.