Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La demanda de Pacific Rim, una empresa canadiense, contra El Salvador, por 77 millones de dólares, y que fuera presentada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), es una «arbitrariedad», señaló el CESTA.

El presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, consideró que el intento de la transnacional minera es efecto de las inconsistencias del Tratado de Libre Comercios de Centroamérica con los Estados Unidos (CAFTA).

Pacific Rim ha radicado en el país desde hace cinco años, a raíz del permiso de «exploración» en la región Norte del país, otorgado por la Dirección de Minas, del Ministerio de Economía.

La actual Ley Minera, exige la presentación de un estudio de impacto ambiental y consulta ciudadana, para aspirar a una licencia de explotación. La demora de este permiso generó que en diciembre 2008, altos personeros de Pacific Rim, amenazaran con una demanda contra el país.

«Esto debe hacernos reflexionar sobre el impacto que tiene el TLC en El Salvador, recordemos que el actual presidente de la Asamblea Legislativa (Ciro Cruz) confesó que no había leído el texto, pero aun así votó,  diciendo que lo defendía con su vida, en una total irresponsabilidad como funcionario», acotó.

El Partido de Conciliación Nacional (PCN), el año pasado introdujo y abanderó un anteproyecto de ley minera, que las organizaciones sociales, denunciaron  era acorde a los intereses de la Pacific Rim.

«Urge que la Asamblea Legislativa establezca una ley  donde se prohiba la minería metálica, luego, debemos reflexionar y analizar el Acuerdo Comercial con Europa (AdA) que es más de lo mismo;  y por último el Presidente electo (Mauricio Funes) debería darle una revisión a estos tratados sin temor», dijo.

Para Navarro, es importante fortalecer los mercados internos, territoriales y regionales, porque los tratados comerciales sirven a las grandes corporaciones, «es un diálogo entre ellos, no con los pueblos», señaló.

«El Puerto de La Unión, la Longitudinal del Norte, las represas hidroeléctricas, son grandes obras, para facilitarles el transporte y la transformación de su producción, y las mayorías sólo obtienen migajas como los pocos empleos que generan, lo que generan es especulación de capital y ahora somos testigos de la crisis de ese  sistema financiero», argumentó.

Sobre la demanda de 77 millones de dólares, Navarro explicó que el gobierno deberá «dar la lucha» , y establecer la responsabilidad de los involucrados.

«Podríamos perder la causa, porque ese tribunal internacional, no sabemos si es imparcial o tiene una cabeza corporativa, no sabemos quiénes son, porque es un proceso cerrado, pero debemos luchar y sacar a la Pacific Rim del país», puntualizó.