Óscar Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, espera una normativa que lleve a una verdadera «Libertad de Prensa» en El Salvador.

Mirna Jiménez
Redacción Diario Co Latino

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, considera necesario ampliar la discusión sobre los anteproyectos de ley del derecho a la información que están desde hace meses en la Asamblea Legislativa, pero que aún no se aprueba.

El funcionario ve la necesidad que expertos le tomen en serio el tema y revisen cuidadosamente para que realmente sea una normativa muy efectiva que lleve a una verdadera «Libertad de Prensa» en El Salvador.

«Creo que se necesita revisarlo y adecuarlo, se trata que una ley tenga vigencia, una ley puede tener buena redacción, pero, sino tiene vigencia de nada sirve», señaló el procurador durante un foro denominado «La Libertad de Prensa en el Mundo Actual» realizado en la Universidad Francisco Gavidia.

En opinión del procurador, paralelamente a este ley tienen que existir además políticas adecuadas que lleven a concretar plenamente la nueva ley porque de lo contrario al igual que otras leyes quedará en letra muerta.

«Nosotros, en el país tenemos leyes muy bonitas, pero que no se aplican o no tiene plena efectividad, por eso al mismo tiempo necesitamos políticas para que esta tenga vigencia, sino tendríamos leyes que no servirían de nada», externó el Procurador.

Luna ilustró que para la campaña electoral quedaron develados muchos hechos que limitaron la libertad de prensa, en muchos casos se calumnió y se difamó, hubo mucha propaganda que dañaba honor, dignidad.

«Creo que eso es lo que más se ha vulnerado en los últimos meses, hoy parece que todo mundo está de abrazo y beso, vamos a tener un nuevo gobierno y creo que debe de presentar políticas para que la información sea objetiva y constructiva, pero información que no construye creo que no es lo más conveniente», Planteó.

COMUNICANDONOS pide política de inclusión al nuevo gobierno
La Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (COMUNICANDONOS), aseguró que propondrá al nuevo gobierno que entrará el próximo primero de junio una nueva política de inclusión para todos los que se dedican a esta rama.

Según Walter Raudales, Presidente de ese organismo, es vital que las organizaciones sociales progresistas coordinen estratégicamente, esfuerzos y eso se logra con una mirada a la nación y sobre todo de comunicación.

«Que la Radio El Salvador, la Radio de la Fuerza Armada, (Radio Cadena Cuscatlán), y la Televisión Nacional (canal 10 de televisión) se refunden a partir de las necesidades e intereses de las grandes mayorías y se nutran y sirvan a las mismas, mediante la permanencia consulta ciudadana», sostuvo.

Raudales atacó a los oligopolios de las comunicaciones, tras pedir a los nuevos gobernantes, repartir de manera equitativa la pauta publicitaria, la que llega solo a las emisoras comerciales y no se reparte de manera equilibrada.

En el marco de la celebración de la Libertad de Prensa, Raudales, considera que esta es una de las principales violaciones a la libertad de expresión y de prensa, que se limiten las comunicaciones a una cuestión propiamente comercial.

El movimiento solicitó la aprobación de la Ley del Derecho a la Información pública que brinde derecho para que se conozcan los Estados financieros de funcionarios públicos con los impuestos de la gente.

Además, se debe de iniciar una consulta nacional sobre el proceso de digitación de frecuencias, para ellos es importante reformar la ley de Teleecomu- nicaciones para garantizar un acceso justo y equitativo de la ciudadanía a las frecuencias de radio y televisión.

«Se debe de eliminar la figura de la subasta como único mecanismo para acceder al espectro radioeléctrico, pues es inconstitucional y antidemocrático, ya que solamente favorece a la consolidación de los oligopolios mediáticos del país», manifestó.

La organización recomendó reformar y distribuir espectro radioeléctrico para garantizar una democratización y mayor beneficio social colectivo.

«Existen leyes en otros países como Estados Unidos, Nicaragua, Uruguay e innovadores anteproyectos de ley como el de Argentina», señalaron.