Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

La no elección del Fiscal General de la República, “ha estado determinada por intereses políticos partidarios que buscan imponer un Fiscal que carezca de independencia”, manifestó David Morales, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Para Morales, el proceso desarrollado por la anterior legislatura, concretizado en las propuestas de una subcomisión ad hoc, careció de transparencia, pues negó la participación ciudadana al no promover el conocimiento público de los antecedentes de los aspirantes.

Además no se promovió “el procedimiento de selección aplicado por los legisladores, así como el instrumento utilizado al efecto y tampoco los resultados de las presuntas evaluaciones realizadas, en contravención al principio de publicidad garantizado en el artículo 99 del propio Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa”, agregó Morales.

Asimismo, aclaró que los vicios de transparencia no trascienden plenamente a la condición de ilegalidad, por lo cual el proceso de selección seguido por la Asamblea Legislativa anterior reviste una validez formal que sólo podrá ser dejado sin efecto, si la nueva legislatura es capaz de demostrar que ninguno de los tres candidatos preseleccionados reúne los requisitos necesarios de idoneidad.

Para los representantes de FESPAD, uno de los candidatos que reúne los requisitos para desempeñar el cargo de FGR es Henry Campos “ya que de acuerdo a la información disponible públicamente sobre su trayectoria durante varios años es el candidato idóneo”, dijo Morales.

Con base a lo anterior, FESPAD demandó de la nueva Asamblea Legislativa, que continúe el proceso de selección avanzado por la anterior legislatura y proceda de inmediato a la elección del nuevo Fiscal Generalm y que “sólo así se podrá superar el incumplimiento de la anterior legislatura, a fin de evitar el fraude a la Constitución que supondría la prolongación en el ejercicio del cargo del Fiscal adjunto, Astor Escalante”.

También, FESPAD, demandó del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Fiscal adjunto, respetar la independencia de los jueces de la República y abstenerse de presionar públicamente a los mismos en caso de que en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, desconozcan la legitimidad de la postulación ejercida por el Fiscal adjunto.