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Miércoles, 06 de Mayo de 2009 / 08:41 h

El victimario pide castigar a la víctima*

Pacific Rim concretó, el 30 de abril recién pasado, su amenaza de demandar al Estado salvadoreño por negarle la licencia ambiental para explotar la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).

Cumplidos los noventa días de espera, la empresa canadiense acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para exigir el pago de 77 millones de dólares “invertidos en actividades de exploración minera”.

La compañía extractiva anunció su intención de demandar al país a inicios de diciembre de 2008, acogiéndose a las reglas del CAFTA. En los siguientes tres meses, el gobierno de El Salvador debía buscar una “solución amistosa”, es decir, otorgar el permiso solicitado.

Pero en vez de respuesta favorable, Pacific Rim conoció del presidente Antonio Saca y del mandatario electo Mauricio Funes el compromiso de impedir los proyectos mineros en el territorio nacional.

En palabras del economista alemán Franz Hinkelammert, la demanda de Pacific Rim es un caso donde el victimario se presenta como víctima: el agresor pide castigo para el agredido.

Veamos. La compañía extractiva vino al país y secó nacimientos de agua en San Isidro, causó pérdidas económicas en Guacotecti, generó conflictos comunitarios en Sensuntepeque, corrompió a alcaldes y diputados, violentó la Ley de Medioambiente, ofendió a autoridades religiosas, difundió publicidad engañosa, etc.

Por tanto, son las comunidades de Cabañas, la Iglesia Católica y el gobierno salvadoreño, quienes deben, como víctimas, enjuiciar a la empresa minera, la victimaria. Pero no. Es Pacific Rim la que se presenta “violentada en sus derechos” y exige una millonaria indemnización ante un tribunal corporativo, cuya resolución es fácil prever, dado que entes como el CIADI responden únicamente a intereses de corporaciones transnacionales.

El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, insiste acertadamente en que la compañía extractora sólo tenía permiso de exploración y que las licencias de explotación no son automáticas.

Sin embargo, más allá de los argumentos jurídicos, El Salvador debe apelar a los principios de dignidad humana, soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos, defensa del medioambiente y continuidad de la vida.

Rechazar la demanda de la empresa minera y, al mismo tiempo, contrademandarla por los daños ecológicos, económicos, sociales e institucionales provocados, es un asunto de interés nacional. El país, ciudadanía y gobierno, debemos cerrar filas.

Este caso también debe reactivar la lucha contra el CAFTA. De no ser revertido o, al menos, modificado en sus aspectos más nocivos, dicho tratado comercial terminará sometiéndonos a compañías transnacionales dañinas al ecosistema, la productividad y la vida.