Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

Representantes de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) solicitaron a la Asamblea Legislativa, reformar los artículos 208, 209 y 210 del capítulo VII de la Constitución de la República referidos a los Organismos Electorales.

El artículo 208 del capítulo VII de la Constitución establece que habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por cinco magistrados, quienes durarán cinco años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa.

Tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial.

Los dos magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos, de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia quienes deberán reunir los requisitos para ser magistrados de las cámaras de segunda instancia, y no tener ninguna afiliación partidista.

En el artículo 209, se manifiesta que la ley establecerá los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y demás actividades concernientes al sufragio y cuidará que estén integrados de modo que no predomine en ellos ningún partido o coalición de partidos.

Mientras el artículo 210, establece que el Estado salvadoreño reconoce la deuda política como un mecanismos de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia.

Según el director Ejecutivo de ISD, Ramon Villalta, la conformación de un TSE partidarista, ha debilitado la institucionalidad electoral y deteriorado el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Durante el desarrollo de los procesos electorales recién pasados “se habló de un TSE actuando u omitiendo actuar a conveniencia de los partidos políticos, al margen de los intereses de la población, se vivió un clima de violencia electoral, falta de transparencia en el proceso y de decisiones arbitrarias, donde el sistema electoral se vio seriamente debilitado al no cumplir su rol principal”, manifestó Villalta y que es necesario traer al presente el temor y la preocupación de la población en general “de esta realidad para tomar medidas inmediatas que permitan llegar dentro de tres años, a un nuevo proceso electoral con instituciones fortalecidas que puedan dar cumplimiento a los derechos políticos de la población, acatando los mandatos constitucionales”.

Por su parte, la directora ejecutiva de FESPAD, Silvia Guillén, dijo que es necesario separar las funciones jurisdiccionales y administrativas que actualmente tiene concentradas el TSE, creando en consecuencia un Consejo Nacional Electoral, responsable de la administración de los procesos electorales y dejando al órgano electoral exclusivamente las funciones jurisdiccionales.

“También es necesario que los magistrados del TSE sean electos ya no más a propuesta de los partidos políticos, sino de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura y las Universidades legalmente inscritas”, agregó Guillén.