Luis Armando González

A inicios de 2008 se cumplieron dos años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Los balances y las evaluaciones estuvieron a la orden del día y, en general, los énfasis de unos y otras recayeron en los resultados económicos obtenidos, de cara al auge de las exportaciones, los incrementos en la inversión extranjera y la liberación de las fuerzas del mercado.

En el caso de El Salvador, esto fue particularmente notorio, pues prácticamente fue la voz de un poderoso sector empresarial –-el que encuentra en FUSADES su foco de expresión— la que se impuso en el balance y evaluación de los resultados del CAFTA a dos años de haber sido firmado.

Y para este sector del empresariado lo único que contó fueron los logros económicos obtenidos con el tratado (fomento de la cultura exportadora y atracción de la inversión extranjera) y los retos pendientes (crear mejores condiciones para la inversión extranjera, aumentar la inversión en infraestructura, avanzar en la seguridad jurídica, contar con una fuerza laboral más educada, y fomentar de las carreras técnicas y bilingües, entre otros retos)1.

En otras palabras, en El Salvador, en las evaluaciones y balances que se hicieron sobre los dos años de entrada en vigencia del CAFTA no sólo no tuvieron mayor peso sus implicaciones sociales, sino que la voz de lo social no se escuchó ni con contundencia ni de forma sistemática.

Esta débil presencia de lo social frente a los dos años del CAFTA no es gratuita; guarda relación con la forma cómo el movimiento social salvadoreño se posicionó ante el tratado desde el momento en que el mismo fue anunciado como una posibilidad, luego en el proceso que llevó a su firma y, por último, cuando el mismo fue ratificado.

Esos son los tres momentos que se pueden identificar en toma de posición del movimiento social salvadoreño ante el CAFTA. Los tres momentos, aunque relacionados entre sí, tienen su propia especificidad y incluso hay entre ellos, sobre todo entre el primero y el último, una especie de ruptura.

Primer momento: el anuncio de un tratado de libre comercio con México y el Plan Puebla Panamá. En El Salvador la discusión sobre la posible firma de un tratado de libre comercio comenzó a cobrar presencia en el año 2000, cuando las autoridades anunciaron la aprobación del TLC entre México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), proceso en el que Guatemala ya había dado el primer paso al firmar, por su cuenta, un TLC con México.

Tras este hecho puntual, se había forjado un consenso más amplio, en grupos de poder influyentes, en el sentido de que entrar en la lógica de los tratados de libre comercio era una buena oportunidad –-la única, para muchos— de ingresar en la senda del desarrollo económico, siendo parte de esa gran estrategia de integración comercial que era el ALCA, y de la cual el TLCAN era un peldaño importante. Otro peldaño era la vinculación comercial con México.

El movimiento social salvadoreño tomó una posición definida ante el anuncio de la aprobación del TLC México-Triángulo del Norte. En esta posición, un grupo de sindicatos del país dejan establecida su postura al respecto2. Entre otras cosas, (a) cuestionan la forma hermética, antidemocrática y excluyente en que se llevaron las negociaciones, (b) exigen la inclusión de cláusulas sociales y ambientales; (c) denuncian la incertidumbre laboral en algunas empresas que se están reestructurando; (d) piden que se evite una aprobación apresurada del tratado; (e) exigen que en los espacios de discusión determinados por las comisiones de Economía y de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa sean tomadas en cuenta las organizaciones sindicales; (f) proponen que el proceso de discusión no se limite a una mera consulta previa a la ratificación, sino que se trate de una negociación real; (g) piden al gobierno que informe de todo el proceso previo a la firma del tratado; y  (h) exigen que se tomen todas las medidas para facilitar la participación democrática de todos los sectores de la sociedad salvadoreña en ese tema3.

No hay aquí un rechazo total a un tratado de libre comercio con México.  De hecho, se acepta ese acuerdo en lo que tiene de positivo. Lo que se cuestiona es la exclusión de amplios sectores sociales y de sus organizaciones en su discusión y formulación. Y, en ese sentido, lo que se pide es la participación de “todos los sectores de la sociedad salvadoreña en este tema”. 

Con esta postura, un sector del sindicalismo salvadoreño encaraba el año 2001, en el cual se iban a hacer presentes otros dos asuntos de graves implicaciones sociales: el Plan Puebla-Panamá, propuesto por Vicente Fox en marzo de ese año, y la dolarización de la economía, que entró en vigencia en enero, impulsada por el gobierno de Francisco Flores.

Sin embargo, estos dos asuntos no recibieron una respuesta firme ni del sindicalismo ni, más en general, del movimiento social, porque cuando esta respuesta se estaba preparando sucedió fenómeno inesperado que desvió la atención de la sociedad salvadoreña respecto de esas problemáticas: en enero y febrero dos fuertes terremotos impactaron al país,  haciendo de sus daños y de la reconstrucción los temas predominantes durante casi todo el año.   

En cierta forma, los terremotos restaron impulso al movimiento social de cara al TLC con México, a la dolarización  y al Plan Puebla Panamá.  Como resultado de ello,  se volvieron asunto de los grupos de decisión política y empresarial, incluso a nivel de crítica a los mismos.  Aquí, el FMLN comenzó a asumir protagonismo en el rechazo-negación tanto de los vínculos comerciales que se estaban fraguando con México como de la dolarización de la economía nacional.

La visita de George Bush hijo a El Salvador, en marzo de 2002,  puso en la mesa de discusión un desafío adicional para el movimiento social: el presidente de EE.UU. prometió la firma de un TLC entre su país y los países centroamericanos.  Pero ese anuncio cayó sobre un movimiento social que comenzaba a abandonar las posturas de debate-negociación de los tratados comerciales, para arribar a posturas de rechazo-negación de los mismos. Y estas posturas estaban fuertemente influidas por un discurso cada vez más radical del FMLN en torno a esa materia.

Mientras se desarrollaba este discurso de rechazo-negación, quienes auspiciaban y promovían tanto el Tratado comercial con México como el Plan Puebla Panamá avanzaban en sus iniciativas, revistiéndolas de un afán por promover la participación ciudadana. Tanto es así que, sobre el Plan Puebla Panamá, se divulgó, en junio de 2002, el documento titulado “Reuniones con la sociedad civil dentro del proceso de información, consulta y participación para el Plan Puebla Panamá”, elaborado por el BID, en el que, curiosamente, las organizaciones consultadas destacan la falta de participación de la sociedad civil centroamericana en la implementación del Plan Puebla Panamá.

Segundo momento: el anuncio y firma del TLC con Estados Unidos. En El Salvador, esa falta de participación de la sociedad civil se fue profundizando hasta llegar a la exclusión en las discusiones del TLC con Estados Unidos.  Estas discusiones iniciaron en enero de 2003 y se prolongaron durante todo ese año, no obstante que el tratado fue ratificado hasta marzo de 2006.

Ya desde el inicio de las negociaciones oficiales, el 8 de enero de 2003, se hizo presente una de las líneas de acción que el movimiento social seguiría de ahí en adelante hasta la firma del tratado: el rechazo de los tratados de libre comercio. En efecto, en la mañana de ese día sindicalistas y miembros de organizaciones ciudadanas bloquearon importantes calles de la capital y se tomaron la Catedral Metropolitana4.

No se trató, sin embargo, del inicio de una dinámica de protestas y movilizaciones sostenida a lo largo del tiempo, sino de un brote esporádico de resistencia, de los cuales habría muchos a lo largo de 2003, 2004 y 2005. Más sostenido y sistemático fue el rechazo del FMLN a los TLC, pero esto se hizo desde el espacio legislativo y/o acompañando movilizaciones puntuales (por ejemplo, en el marco de las celebraciones de aniversario de Monseñor Romero o el día internacional del trabajo) en las que las voces de rechazo a los tratados de libre comercio se hacían sentir con fuerza.

En la medida en la los sectores sociales más críticos se pusieron en contra del TLC con EE.UU., los grupos empresariales más influyentes se coordinaron con los representantes del gobierno salvadoreño para dejar plasmados sus intereses en las distintas rondas de negociación previas a su firma.  Este se tradujo en un énfasis exagerado en los aspectos económicos del tratado, quedando de lado aspectos sociales y políticos que eran esenciales para el conjunto de la sociedad salvadoreña.

En este sentido, en el semanario Proceso se escribió, en febrero de 2003, lo siguiente:
“la discusión y firma de un tratado comercial no debería tomarse a la ligera. Los demás actores sociales y políticos deberían tener su palabra en tan importante asunto.

El debate en el que se definen los rubros a los que se abrirá la economía debería ser parte de un amplio consenso nacional que permita establecer lo que se estará en disposición de marginar o defender en el contexto de la negociación comercial. De esta suerte, la negociación  comercial debería ser el momento propicio para una discusión política seria y profunda de las prioridades del país”5.

No se pudo lograr tal discusión en la negociación del TLC con EE.UU., pues la misma se convirtió en un asunto exclusivo de los grupos de poder económico, los representantes del gobierno de Francisco Flores y los negociadores de EE.UU..

Desde fuera, algunas instancias de la sociedad denunciaron la discrecionalidad con la que se estaba manejando la información relacionada con el tratado6; con todo, eso no alteró la lógica que terminó por imponerse, es decir, la lógica de la exclusión de la sociedad civil salvadoreña.

Esta exclusión tuvo su contrapartida en el rechazo decidido al tratado que distintos sectores sociales organizados –-no sólo sindicales, sino profesionales y religiosos— mostraron a lo largo del año que duró su negociación. Como ya se dijo, este rechazo se manifestó en hechos de protesta puntuales como la ocurrida a finales de 2003 en la toma de la universidad nacional por parte de un  grupo de estudiantes, que culminó en un enfrentamiento con antimotines de la Policía Nacional Civil7.

A finales de 2003, justo cuando los estudiantes protestaban, finalizaba la última ronda de negociaciones en Washington8. Prácticamente, el tratado estaba listo para ser firmado el 28 de mayo de 2004, pero su entrada en vigencia  tendría que esperar hasta su ratificación legislativa un año más, aunque “dada la composición de las legislaturas, dominadas mayormente por la derecha, puede esperarse su ratificación”9.

En fin, desde el fin de las negociaciones del TLC con EE.UU., en mayo de 2004, pasando por su aprobación por el Congreso de ese país10, el 27 de julio de 2005, hasta su ratificación por legislativa en 2006, el movimiento social salvadoreño se situó (y fue situado) en los márgenes de todo el proceso. Desde estos márgenes, lo que se dibujó fue una postura de oposición al tratado, postura que hizo eco de lo que tanto desde la Asamblea Legislativa como desde otros espacios de debate político defendía el FMLN, o al menos algunos de sus líderes más duros. Pero no se trató de un movimiento social de resistencia sistemático y sostenido en el tiempo11, sino de un movimiento marcado por las intermitencias y las protestas animadas por ciertas fechas y acontecimientos.  

Tercer momento: después de la ratificación del TLC con Estados Unidos.  La dinámica del movimiento social no tuvo mayores cambios, una vez que el TLC fue ratificado por la Asamblea y comenzó a ser implementado. Sin nada que hacer para poder detenerlo o para alterar algunos de sus contenidos, la negación y el rechazo siguieron siendo la norma en cada marcha de protesta.

Los lemas “No al TLC” o “El TLC genera pobreza”, acompañados de otros como “No al neoliberalismo”, se convirtieron en lemas vacíos, sin impacto en la dinámica social y económica.  Todo parecía indicar que el tema de los tratados comerciales se había agotado como tema capaz de servir de referente al movimiento social salvadoreño.

Y esto se confirmó en marzo de este año, cuando se cumplieron los dos primeros años de su implementación. En este momento, las voces dominantes en su evaluación fueron las de los empresarios, que destacaron lo que a su juicio eran los logros económicos del TLC, así como también los retos económicos pendientes. 

No hubo mayor presencia del movimiento social en torno a la evaluación de un acuerdo de enormes repercusiones sociales. Incluso en el FMLN, una vez que apostó por la moderación política, con la nominación de Mauricio Funes como candidato a la presidencia de la República, las posturas de rechazo a los TLC fueron menguando, hasta arribar a posiciones según las cuales habría que revisarlos y corregirlos, pero no abandonarlos.

En términos generales, pues, el movimiento social salvadoreño tuvo poco que decir y poco que hacer ante el CAFTA. El debilitamiento de los sindicatos, heredado de la guerra civil y de los procesos de privatización y reducción del Estado, y la atomización de las distintas organizaciones de la sociedad civil, fueron un obstáculo insuperable para que el movimiento social de nuestro país tuviera una postura más consistente ante el TLC con México, el Plan Puebla Panamá y el TLC con EE.UU. Es prematuro anticipar cómo será ese comportamiento de cara al futuro, sobre todo si el gobierno de Mauricio Funes impulsa la revisión/discusión de esos tratados. 

Lo que no es prematuro es arriesgarse por la tesis de una potenciación del movimiento social a partir de focos de resistencia surgidos a torno a la defensa de los recursos naturales, y la lucha contra la construcción de presas y la industria minera.

Es decir, se trata de “formas organizativas novedosas [que] están siendo propiciadas, principalmente, por la necesidad de defender recursos comunitarios esenciales para a vida, como la tierra o el agua… son organizaciones de resistencia, que no nacen inspiradas por un esquema ideológico, sino por la necesidad de salvaguardar recursos vitales que se consideran amenazados por las empresas mineras o por proyectos de construcción de presas hidroeléctricas”12.  Pero este es un tema que conviene desarrollar en otro espacio.  


1 Estas evaluaciones y balances fueron recogidas en la revista El Economista, 25 de marzo de 2008.
 2 13 sindicatos, un confederación (la CNTS) y una Federación (la FESTSA).
 3 Cfr., Pieza de correspondencia presentada por los sindicatos salvadoreños a la Asamblea Legislativa, con relación a la aprobación del TLC México-Triángulo del Norte. 11 de julio de 2000. 
 4 “Arranca el TLC con EEUU: es imperioso entrar en un estado de diálogo”. Proceso, No. 1031, 8 de enero de 2003.
 5 “Ausencia de la política en las discusiones comerciales”. Proceso, No. 1037, 19 de febrero de 2003, p. 5.
 6 “Un TLC con ojos cerrados”. Proceso, No. 1039, 5 de marzo de 2003, p. 12.
 7 “Acelerando la recta final del CAFTA”. Pr
oceso, No. 1078, 17 de diciembre de 2003, p.10.
 8 “Situación actual del CAFTA”.  Proceso, No. 1084, 4 de febrero de 2004, p. 9.
 9 “Se pospone entrada en vigor del CAFTA”. Proceso, No. 1097, 12 de marzo de 2004, p. 13.
 10 “¡Aprobado!”. Proceso, No. 1156, 10 de agosto de 2005, pp. 7-8; “Triunfalismo por al CAFTA”. Proceso, No, 1156, 10 de agosto de 2005, pp. 11-12,
 11 “Ratificación del CAFTA-RD: un reto para la sociedad civil centroamericana”. Proceso, No. 1158, 23 de agosto de 2005, pp. 8-9.
12 L. A. González,  “Organización de b ase y perspectivas del movimiento social”. Síntesis de la charla ofrecida a integrantes de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), 7 de septiembre de 2007. En Proceso, No. 1257, 12 de septiembre de 2007, pp. 2-3.