Beatriz Castillo
Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

La jueza de instrucción Ana María Guzmán, habría ordenado que se investigaran otras vías para que los delitos de violación y homicidios cometidos contra la niña Katya Miranda no quedaran en la impunidad.

Según la resolución emitida en octubre del año 2000, la operadora de justicia dictó el sobreseimiento definitivo, a favor de los imputados Carlos Miranda, Edwin Miranda y dos mozos, por los delitos de violación, homicidio, abandono de menor incapaz y encubrimiento.

En el razonamiento de la resolución se indica que la orden se gira “por no existir suficientes elementos probatorios, no obstante la representación fiscal acusó a imputados sin contar con elementos probatorios, estableciéndose una certeza negativa por lo que resultó procedente dictar sobreseimiento provisional, en 1999 y ratificar el fallo en el 2000, con un sobreseimiento definitivo”.

En el fallo la jueza advierte que la parte fiscal que llevó el caso en 1999, no incorporó otras diligencias como: “a) entrevistar a los cuatro sujetos que encontraron a la niña, b) ampliar la declaración de la testigo Rubia Guadalupe Palacios de Clímaco, c) entrevistar a los miembros de comandos y d) identificar al sujeto que identificó la señora Miranda (abuela de Katya) y que coincide con las características del sujeto que se acercó al vigilante”, dice el documento. Como estas recomendaciones no fueron acatadas por la fiscalía se tuvo que determinar la resolución, razona la jueza.

A pesar de los cuestionamientos sobre la falta de investigación de los fiscales de 1999, en el caso, el actual Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, dijo que no existió ninguna mala intención y que por eso no se investigaría a estos funcionarios.

Incluso, pidió perdón por el retraso de las investigaciones en el crimen, ya que se retoma nueve años y diez meses después que se registró.

El viernes de la semana pasada, la Fiscalía capturó por segunda vez a Carlos Miranda, y siete personas más supuestamente por el delito de secuestro agravado. La nueva hipótesis de la fiscalía es que el abuelo de la niña violada y asesinada, en el 1999, fue producto de un secuestro frustrado.

El lunes, el ente fiscal presentó la acusación formal contra los implicados ante el Tribunal de Paz, de San Luis la Herradura; sin embargo, la defensa pidió que la jueza de este tribunal se recusara porque fue la misma que lo ventiló en 1999.

Según explicó el jefe de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, José Luis Funes, la petición de recusación de la defensa de Miranda fue enviada a la jueza de Instrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán Morales, quién tendrá que resolver qué tribunal tendrá la obligación de desarrollar la Audiencia Inicial.

Asamblea nunca se pronunció en caso
Irma Amaya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa, lamentó que en diez años, este Órgano del Estado nunca quiso pronunciarse para que la Fiscalía realizara una investigación sobre el crimen de la niña Katya Miranda.

La legisladora, quien es diputada del FMLN, lamentó que en 10 años la Asamblea “no ha querido pronunciarse, aquí se ha venido evadiendo el tema, pese a que hay un expediente en la comisión”, destacó.

“Queremos que se haga justicia, hace años esperábamos esta reacción que ha tomado”, la fiscalía, reiteró la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Francisco Prudencio, diputado de ARENA y también miembro de la Comisión de Derechos Humanos, coincidió que el caso se ha abordado tardíamente, aunque reconoció que el fiscal actual ha permitido que el caso vuelva a la palestra a pocos días para que el caso prescribiera.

“Este es un tema que ha estado complicado porque se tardó bastante en tiempo para la investigación”, insistió, y aseguró que al seno de la comisión llegaron varias iniciativas.

“Obviamente, siempre estamos pendientes de las investigaciones, pero el paso que se ha dado en estos momentos es importante y sienta un precedente para demostrar que en el país no hay impunidad”, añadió el legislador de derecha.

Aunque, otros parlamentarios consideran que la repentina apertura del caso, ahora bajo la figura delictiva de intento de secuestro, el Fiscal Félix Garried Safie, estaría buscan relevancia para su reelección en el cargo, que en estos días el congreso tiene que resolver.

Aunque Prudencio cree que la Asamblea ahora debe pronunciarse para apoyar el trabajo de la Fiscalía, que insiste “sienta un precedente”.