Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La falta de atención médica por parte del Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), a los menores y adultos afectados con plomo, denunciaron los afectados, apoyados por Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA).

Los afectados, en su mayoría menores de edad, que residen en el Cantón Sitio  del Niño, municipio de San Juan Opico, La Libertad, se quejaron de carecer de atención médica especializada y de un trato digno por parte del personal médico y de enfermería de ambos centros de atención sanitaria.

Para el ecologista, Ricardo Navarro, la actitud de los médicos de la Unidad de Salud de San Juan Opico, y la Clínica Comunal del ISSS, violan el derecho de todos los habitantes de tener acceso a la salud y medicamentos.

“Esta desidia con la que tratan a todas estas personas adultas, niños y niñas, que tienen una salud deteriorada por la ingesta del plomo, es una total falta de respeto a la condición de ser humano que todos poseemos”, afirmó.

Carlos Mejía, miembro del “Movimiento sin Plomo”, afirmó que al solicitar atención médica en la unidad de salud de San Juan Opico, les responden “que no hay cupo”, o las desesperan atendiéndolas cuatro o seis horas después de su llegada.

“Hay un proceso judicial que se está llevando y tenemos la asesoría de abogados del IDHUCA y del CESTA, estamos luchando, pero y la salud de nuestros niños y niñas, ¿Quién se va hacer cargo?”, se preguntó Mejía.

El Caso Récord  que es de Contaminación Ambiental Agravada, se ventilaría el pasado 17 de marzo, pero  el Juez de Primera Instancia de San Juan Opico, decidió trasladarlo al  martes 21 de abril, con el fin de robustercer las pruebas, aunque Mejía deploró que los imputados (propietarios  de la empresa), no estuvieran  presentes.

“Sólo para retirar la escoria y limpiar la fábrica son 144 millones de dólares y los verdaderos dueños (Ronald Antonio Lacayo Argüello, Sandra Cecilia Lacayo de Escapini y José Ofilio Gurdián Lacayo) no están siendo juzgados, podrían declararse en quiebra económica y con eso se quedan tranquilos para no responder por estos graves delitos no sólo contra el medio ambiente, sino con la salud de nuestros hijos, que el plomo se les ha alojado en sus huesos ”, señaló.

Aminta Echeverría lamentó que su madre, que padece de diabetes, no recibió la atención requerida, pese a que ella se encontraba en estado de shock “llevaba la azúcar a 500, estaba disparado el nivel, y ellos (médicos) no me atendieron, fuimos donde otro médico que hizo de inmediato la referencia para que la internaran, porque era de gravedad”,

Defensa de Baterías Récord  propietarios pide exclusión de abogados de afectados
Los padres de familia que integran el Comité Ambiental de Sitio del Niño, presentaron una carta ante la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, a fin de resolver, ante la apelación  de los abogados de la defensa de Baterías de El Salvador que solicitan  la exclusión de sus representantes legales.

Tutela Legal del Arzobispado, la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quienes representan los intereses de los afectados, quedarían fuera de la Audiencia Preliminar.

En su comunicado, el Comité Ambiental señaló que “Las organizaciones UNES, FESPAD y Tutela Legal  desde el inicio han apoyado y promovido la investigación y judicialización del caso, por lo cual, sería injusto  y atentatorio contra los derechos de las víctimas, el excluirlos”, denunciaron.