La Paz/dpa

Una comisión parlamentaria que investigó denuncias de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descartó la implicación del presidente Evo Morales, pero determinó posibles responsabilidades en tres ministros y el superintendente de Hidrocarburos.

El informe difundido hoy destaca "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica" de miembros del directorio de la empresa de petróleos YPFB por parte de los ex ministros de Hidrocarburos, Carlos Villegas y Saúl Avalos; del actual ministro de Hacienda, Luis Arce, y del superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.

El asesinato de un empresario petrolero en un atraco ocurrido en enero en La Paz terminó destapando una red de corrupción que provocó la destitución de Santos Ramírez como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El funcionario está ahora preso en la cárcel pública de La Paz.

Una comisión del senado boliviano, integrada por oficialistas y opositores, halló posibles responsabilidades de Santos Ramírez "en la suscripción de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y asociación delictuosa".

El informe liberó de "toda sospecha" al presidente Evo Morales, quien instruyó investigar los hechos de corrupción y sanciones para los culpables, tal como ocurre con Santos Ramírez, un prominente dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido político del mandatario indígena.

La comisión parlamentaria, por otra parte, autorizó el viaje de dos fiscales a Houston, Estados Unidos y Argentina para verificar avances de obra de la planta separadora de líquidos que se instalará en el departamento boliviano de Santa Cruz para ser operada por YPFB.

El consorcio Catler-Uniservice se adjudicó la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, y una investigación de fiscales y jueces halló irregularidades en el contrato que fue firmado por Santos Ramírez y por el empresario muerto, Jorge O'Connor Taborga.